Unidades educativas no pueden exigir la compra de útiles ni pagos durante clases virtuales

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Ante las denuncias presentadas en contra de algunas instituciones educativas del cantón Guayaquil, que estarían exigiendo la compra de útiles o materiales escolares durante este tiempo en que las clases son virtuales debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia COVID 19, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquildispone como medidas de protección provisionales emergenteslo siguiente:

• Se ordena al Ministerio de Educación cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación, asegurando la atención de las denuncias y quejas de la ciudadanía, con el fin de garantizar el acceso a una educación de calidad, inclusiva, flexible y adecuada según la realidad actual. De tal manera, que las instituciones educativas que incumplan con las prohibiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se les inicie los procesos administrativos sancionatorios correspondientes.

Se exhorta a representantes de los niños, niñas y adolescentes que se educan en unidades educativas fiscales, particulares, fiscomisionales, y otros, a presentar las denuncias ante el Ministerio de Educación, o ante la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

Se recuerda que según el Memorando Nro. MINEDUC-VE-‪2020-00048-M: Las unidades educativas no pueden exigir durante el año lectivo la compra de textos o útiles escolares, uniformes y equipos tecnológicos adicionales a los que cuenten en casa, mientras no se retomen las clases presenciales regulares. Las tareas asignadas deberán estar alineadas al “Plan Educativo: aprendemos juntos en casa”.

Asimismo, está prohibido exigir a los padres de familia el pago de cualquier tipo de contribución económica, bono, donación, derechos de exámenes, derechos de grado, aportes a fundaciones o sociedades, u otros valores no autorizados por la Autoridad de Educación Nacional.

Las medidas de protección antes señaladas son de carácter obligatorio y se han puesto en conocimiento del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y de la Defensoría del Pueblo, para que dentro de sus competencias garanticen el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad.