Cynthia Viteri alcaldesa de Guayaquil da impulso al comercio.

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Todos Conocemos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, siendo la primera justicia, la justicia social, ya que así lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República.

La colectividad ecuatoriana que, teniendo una actividad laboral en relación de dependencia y quienes ejercían acciones laborales como comerciantes informales y profesionales de todas las ramas de las ciencias en el libre ejercicio de su profesión que, no ha trabajado y ha permanecido en encierro domiciliario para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 necesita que, el gobierno central ponga en práctica la “justicia social” pudiendo ser parte de esta justicia social, la exoneración del pago del consumo de energía eléctrica durante el tiempo del Estado de Excepción decretado por el ejecutivo, en un 50% y sin discriminar ya que todos somos iguales ante la ley según lo dispuesto en el artículo 11 No 2 Ibídem y no en el 10%, además debiendo disponer que la fiscalía investigue para que, aquellos que resulten responsable de haber elevado sin justificación el valor del consumo de energía eléctrica sean procesados y sancionados.

             La Asamblea Nacional como máximo organismo con potestad normativa tiene la obligación de adecuar formal y materialmente una reforma a la llamada Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, exonerando o rebajando en algún porcentaje no menor del 50% a los contribuyentes sin distinción de ninguna índole, del pago de ciertos tributos fiscales, si así lo hace, realmente la anotada ley con justicia social se llamará verdaderamente “Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria”. Los Asambleístas, especialmente aquellos que van a postularse a la reelección para un nuevo periodo están obligados a presentar un proyecto de reforma a la anotada ley orgánica y si lo hacen, tengan la seguridad que serán reelectos por haber puesto en práctica la justicia social y si no lo hacen recibirán el castigo que merecen en las urnas y no serán relectos. 

            Los sectores comerciales y productivos, así como también muchos de aquellos que anualmente pagamos impuestos prediales hemos recibido con agrado la noticia que nos dice que, la alcaldía de Guayaquil liderada por la doctora Cynthia Viteri, anunció la exoneración por el año 2020 y 2021 el cobro de la tasa de rehabilitación para todo el comercio asentado en la ciudad de Guayaquil, incluyendo en esta exoneración a las tiendas, gimnasios, consultorios y hoteles; además se aprobó un descuento en el 50% en el pago de impuesto prediales, patentes 1,5 por mil y demás tasas municipales en beneficio por diez años de las nuevas industrias que se asienten en la urbe y para que extiendan su infraestructura en la ciudad. La alcaldesa doctora Viteri, manifestó que dejar de cobrar la tasa de habilitación de los comercios equivaldría a dejar de percibir US$9’000,000.00 (nueve millones por año).

            La reunión llevada a efecto con directivos de gremios productivos de la ciudad de Guayaquil, fue realizada para la elaboración de planes y políticas públicas locales cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 100 No. 1 de la Constitución de la República.

            Bien por la ciudad, bien por sus habitantes, bien por la colectividad guayaquileña toda; pienso que esta es una forma diferente de contribuir sin mezquindad, sin observar credo político, al futuro desarrollo sostenible de la ciudad de Guayaquil y que, contribuye en alguna medida a solventar las limitaciones económicas generadas por la pandemia. Continúe haciéndolo doctora Cynthia Viteri y no desmaye en sus objetivos administrativos que, con seguridad una gran parte de la colectividad asentada en esta patria chica, se lo agradecerá con creces.

                                                                          Atte.

                                                    Abg. Pedro Núñez Lavayen. Mgtr.

                                                                    Mat. 09-1975-65.