La Fiscalía General del Estado (FGE) ha manifestado su profunda preocupación ante un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que abriría la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa regrese a Ecuador e incluso pueda postularse nuevamente como candidato presidencial. Esta propuesta, que se encuentra en el informe para segundo debate aprobado por la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, contempla la inclusión de nuevas causas para el recurso de revisión, que podrían presentarse en cualquier momento luego de que una sentencia haya sido ejecutoriada.
La Fiscalía ha rechazado de manera rotunda este intento de «desnaturalizar» el sistema de justicia penal del país, ya que considera que estas reformas permitirían la impunidad en casos penales que ya han sido sentenciados. A juicio de la Fiscalía encabezada por Diana Salazar, incluir como causal del recurso de revisión el análisis de vicios procesales y pronunciamientos de comités de Derechos Humanos, que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), va en contra del sentido de la justicia.
Además, la FGE advierte que esta reforma irrespetaría la institución de cosa juzgada, que solo puede ser reformada en circunstancias excepcionales. Si trivializamos su aplicación, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad de que cualquier delincuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada pueda ser puesto en libertad.
Pero esta no es la única reforma que generaría lagunas de impunidad, según la Fiscalía. También se pretende obligar a la institución a archivar investigaciones previas cuyos delitos no hayan prescrito. Esto podría llevar a sancionar a los titulares de las acciones penales públicas, sin tener en cuenta que algunas investigaciones pueden llevar más de uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República establece que la titularidad de la acción penal pública corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.
Es evidente que estas reformas planteadas en el COIP podrían socavar los cimientos de la justicia en Ecuador. La independencia y la imparcialidad de la Fiscalía se verían seriamente comprometidas, lo que pondría en riesgo la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas. Resulta fundamental que se respeten los principios constitucionales y que se promueva un sistema de justicia sólido y confiable.
