Reformas penales para combatir crímenes graves, lavado de activos, delitos de minería

En la lucha contra actividades delictivas como el tráfico de armas, lavado de activos y la actividad ilícita de recursos mineros, se plantean enmiendas significativas en las penas asociadas a estos crímenes en una jurisdicción determinada. En el caso del tráfico de armas, se propone elevar de manera sustancial las penas para desincentivar esta peligrosa actividad.

Actualmente, la condena mínima establecida oscila entre 5 y 7 años de cárcel, pero se propone aumentar este rango a entre 16 y 19 años. Para personas u organizaciones delictivas que financien esta actividad ilícita, la pena actual de 7 a 10 años de prisión podría incrementarse a un rango de 19 a 22 años. En situaciones donde el tráfico involucre armas químicas o biológicas, la sanción actual de 10 a 13 años de prisión podría cambiar a un rango de 22 a 26 años.

Estas penas se aplicarían con mayor rigor si el tráfico de armas está vinculado a un conflicto bélico. En el ámbito del lavado de activos, se propone aumentar considerablemente las penas para combatir esta práctica nefasta. Actualmente, la condena va de 1 a 13 años de cárcel, dependiendo del monto y las circunstancias del delito.

Con la reforma en consideración, esta pena se incrementaría a un rango de 5 a 22 años, reflejando la gravedad de este delito y la necesidad de combatirlo de manera efectiva. En cuanto a la actividad ilícita de recursos mineros, se busca penalizar de manera más contundente a quienes participen en esta actividad ilegal, especialmente si se ve afectado el medio ambiente o si la actividad es impulsada por la delincuencia organizada.

Actualmente, la pena mínima establecida es de 5 años de cárcel y la máxima de 13 años, dependiendo de ciertas circunstancias. Se aplicaría la pena máxima cuando la actividad ilícita sea promovida por la delincuencia organizada o cause grave daño al medio ambiente.

Estas reformas penales buscan enviar un mensaje claro de rechazo a la comisión de crímenes graves, fortaleciendo el marco legal para combatir el tráfico de armas, el lavado de activos y la actividad ilícita de recursos mineros, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Con la reforma, los rangos de la pena cambian: 16 como mínimo y 30 como máximo, en idénticas circunstancias.