Internacional
Congreso de Nicaragua Aprueba Reforma que Centraliza Poder en Ortega y Murillo
Este 22 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una reforma constitucional que ha consolidado aún más el control del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre el país. Con esta reforma, ambos serán reconocidos oficialmente como «copresidentes», lo que formaliza el poder que Murillo ya ejercía de facto.
Ampliación del Mandato y Control sobre Instituciones
La reforma extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y establece que los copresidentes tendrán la capacidad de coordinar todos los poderes del Estado, incluyendo el legislativo, judicial, electoral, y otros órganos de control y fiscalización. Esta medida elimina la independencia que estos poderes tenían previamente, concentrando todo el poder político en manos de Ortega y Murillo.
Control sobre Medios de Comunicación e Iglesias
Parte de la reforma incluye el monitoreo de medios de comunicación y la Iglesia para evitar que sean influenciados por «intereses extranjeros». Además, se oficializa la práctica de retirar la nacionalidad a quienes sean considerados «traidores a la patria», una medida que el gobierno ya había aplicado a varios críticos y opositores.
Creación de una «Policía Voluntaria»
La nueva constitución también introduce la idea de una «policía voluntaria», constituida por civiles que actuarán como auxiliares de las fuerzas de seguridad existentes. Este cuerpo se menciona como una respuesta a los eventos de 2018, donde el gobierno enfrentó grandes protestas, las cuales fueron reprimidas dejando un saldo de 320 muertos según la ONU.
Contexto Histórico y Críticas
Ortega, quien participó en la histórica insurrección sandinista contra Somoza, ha sido señalado por la comunidad internacional y por críticos locales de haber establecido una «dictadura» y promover el «nepotismo». Desde que regresó al poder en 2007, ha habido una creciente concentración de poder en su familia, especialmente después de la represión de las protestas en 2018, que marcó un punto de inflexión en su gobierno. La reforma constitucional de hoy es vista por muchos como el último paso en la consolidación de este control.
