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Ecuador identifica a alias “Compadre” como líder guerrillero abatido en Alto Punino
Las autoridades ecuatorianas confirmaron la identidad del guerrillero abatido durante un violento enfrentamiento en Alto Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, donde 11 militares de la Brigada de Selva N.º 19 Napo fueron asesinados el 9 de mayo. Mediante colaboración con agencias de inteligencia colombianas, se estableció que el neutralizado era alias “Compadre”, comandante de los Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en Ecuador.
Alias “Compadre” dirigía actividades de minería ilegal de oro en la cuenca del río Punino y extorsionaba a mineros locales mediante el cobro de “vacunas”. Según el Ejército Ecuatoriano, lideraba un grupo de al menos 30 combatientes equipados con fusiles calibre 5.56 mm, lanzagranadas, explosivos, drones y sistemas de comunicación avanzados. Además, mantenía una alianza con Los Lobos, un grupo armado organizado ecuatoriano vinculado al narcotráfico y la delincuencia, lo que amplificaba su capacidad operativa en la región.
El ataque ocurrió durante un operativo contra la minería ilegal, cuando uno de los cuatro equipos militares desplegados fue emboscado con explosivos y armas de alto calibre. La Fiscalía General del Ecuador investiga el caso como un acto de terrorismo, y los cuerpos de los militares fueron trasladados a Quito el 10 de mayo. Un militar resultó herido, y el cuerpo de alias “Compadre” fue identificado entre los restos del enfrentamiento. CDF negó su responsabilidad en un comunicado no verificado, sugiriendo la posible participación de bandas locales como Los Choneros.
El presidente Daniel Noboa, quien decretó tres días de duelo nacional y nombró a los militares caídos como Héroes Nacionales, afirmó en X: “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”. El Ejército reforzó su presencia en Orellana, mientras Colombia desplegó tropas en la frontera para contener movimientos de CDF. La minería ilegal en la zona, que ha devastado 1.500 hectáreas de bosques desde 2019, genera ingresos ilícitos estimados en $1,300 millones anuales, según expertos. Las autoridades investigan una posible filtración que habría facilitado la emboscada.
