Política
Presidencia Solicita Diferir Audiencia sobre Ley de Integridad Pública en Corte Constitucional
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, solicitó a la Corte Constitucional (CC) que se postergue la audiencia pública programada para el 18 de agosto, en la cual se discutirán 19 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. La norma, aprobada el 24 de junio por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea Nacional, ha generado controversia por posibles vulneraciones a derechos laborales y al principio de unidad de materia.
El pedido de Andino se presentó en el despacho del juez constitucional José Terán, quien admitió a trámite las demandas, incluyendo la principal de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a la que se acumularon otras de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje), la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos, y colectivos ciudadanos.
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Estas organizaciones argumentan que la ley, que reforma cerca de 20 cuerpos normativos, afecta derechos como la estabilidad laboral, especialmente por el artículo 6, que modifica la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) al ofrecer un incentivo de 10.000 dólares para la jubilación a los 65 años.
La audiencia virtual, convocada para las 10:00 del lunes, busca que las partes expongan sus argumentos. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la acumulación de demandas requiere más tiempo para preparar una defensa adecuada, a pesar de que el juez otorgó 15 días para presentar argumentos escritos, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial sobre si la Corte aceptará o rechazará el pedido de diferimiento.
El proceso ha generado expectativa, con movilizaciones previstas por la UNE frente a la Corte Constitucional el día de la audiencia, a las 09:30, para exigir la inconstitucionalidad de la norma. La Ley de Integridad Pública, que incluye medidas como la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, busca combatir la corrupción y mejorar la eficiencia estatal, según el Gobierno, pero enfrenta críticas por su alcance y posibles impactos en derechos fundamentales.
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