Política
Gobierno de Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales para 400.000 ecuatorianos en 2025
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha asignado USD 353 millones en bonos sociales temporales durante 2025, beneficiando a cerca de 400.000 ecuatorianos en sectores como desempleados, agricultores, emprendedores, transportistas, policías, militares y migrantes. Esta inversión forma parte de una estrategia para mitigar el impacto de medidas económicas, como la eliminación del subsidio al diésel, y ha elevado el gasto público a USD 19.604 millones hasta septiembre.
Los programas, implementados en medio de desafíos económicos y agitación social, buscan proporcionar alivio financiero a grupos vulnerables. El déficit fiscal registrado hasta septiembre de 2025 alcanza USD 1.983 millones, un aumento significativo comparado con los USD 54 millones del mismo período en 2024, aunque el déficit anual de 2024 cerró en USD 2.483 millones. Estas cifras reflejan la presión sobre las finanzas públicas derivada del incremento en el gasto social.
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El programa ‘Jóvenes en Acción’ lidera los desembolsos con USD 85,4 millones, dirigido a jóvenes desempleados mediante pasantías en entidades estatales por USD 400 mensuales durante tres meses. Lanzado en noviembre de 2024 durante la crisis eléctrica, se extendió dos meses adicionales y se relanzará de noviembre de 2025 a febrero de 2026. Otro bono clave es ‘Raíces’, con USD 81,6 millones para 81.630 productores agropecuarios hasta el 25 de septiembre, ofreciendo USD 1.000 por beneficiario para compensar el alza en costos de diésel, con meta de llegar a 100.000 personas.
Otros bonos abarcan emprendedores, transportistas, fuerzas del orden y migrantes retornados, aunque no se detalla el desembolso exacto para este último, que otorga USD 470 mensuales por tres meses desde febrero. El Gobierno justifica estas medidas como respuesta a necesidades inmediatas y estímulo a economías locales, pero enfrenta críticas por su coincidencia con contextos electorales y preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo, junto con la necesidad de mayor transparencia en su ejecución.
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