Internacional
HRW denuncia tortura y desaparición forzada de migrantes venezolanos en megacárcel de El Salvador
La organización Human Rights Watch (HRW), en conjunto con la oenegé Cristosal, denunció graves violaciones a los derechos humanos de 252 migrantes venezolanos recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. Según el informe titulado “Llegaron al infierno”, los detenidos fueron víctimas de tortura, violencia sexual, hacinamiento y desaparición forzada.
Los migrantes fueron trasladados en marzo y abril por orden del presidente estadounidense Donald Trump, en acuerdo con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, designado como organización terrorista por EE.UU.
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HRW sostiene que los abusos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático. Los detenidos permanecieron incomunicados, con alimentación deficiente y condiciones insalubres. Tres de ellos denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de guardias penitenciarios.
Durante su reclusión, los venezolanos fueron obligados a arrodillarse con las manos atadas, golpeados con porras y confinados en celdas sin ventilación. La comida era escasa y el agua potable estaba contaminada. Según testimonios, antes de las visitas oficiales recibían colchones y artículos de higiene, que luego eran retirados.
HRW y Cristosal entrevistaron a 40 exdetenidos y a 150 personas entre familiares y abogados, el informe revela que el 48,8 % no tenía antecedentes penales en EE.UU. y solo el 3,1 % había sido condenado por delitos violentos. Además, al menos 62 fueron expulsados mientras sus procesos de asilo estaban en trámite.
Ambos gobiernos se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos, lo que constituye desaparición forzada según el derecho internacional. Los migrantes fueron repatriados en julio como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.
Cristosal cerró sus oficinas en El Salvador en julio, denunciando una escalada represiva contra defensores de derechos humanos.
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