Política
Corte Provincial revoca sobreseimiento y llama a juicio a 13 por peculado de $41M en contratos de agua potable El Chobo-Duránv
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió por unanimidad este miércoles 12 de noviembre la apelación presentada por la Fiscalía General del Estado, revocando el sobreseimiento dictado a favor de Carlos J. y Fausto M., y ordenando que ambos enfrenten juicio oral por el presunto delito de peculado en los contratos del sistema de agua potable El Chobo-Durán. Con esta decisión, un total de 13 personas, incluidos los exalcaldes de Durán Alexandra A. y Dalton N., serán procesadas en la etapa de juicio.
La investigación de la Fiscalía sostiene que el perjuicio al Estado supera los 41 millones de dólares, derivado de irregularidades en la adjudicación, ejecución y fiscalización de contratos para la construcción y operación del sistema de agua potable entre Durán y el sector El Chobo, en la provincia de Los Ríos. Entre las anomalías detectadas figuran sobreprecios, obras inconclusas, pagos por trabajos no realizados y falta de garantías técnicas, que dejaron sin servicio adecuado a miles de habitantes del cantón.
Además de los exalcaldes Alexandra A. y Dalton N., entre los procesados se encuentran funcionarios municipales, contratistas y representantes legales de las empresas involucradas, quienes habrían conformado una red para desviar fondos públicos mediante la manipulación de procesos de contratación pública. La Fiscalía presentó como evidencia auditorías de la Contraloría, peritajes técnicos, transferencias bancarias sospechosas y testimonios de exfuncionarios que detallan el esquema de corrupción.
La defensa de Carlos J. y Fausto M. había logrado el sobreseimiento en primera instancia, argumentando falta de elementos de convicción, pero la apelación de la Fiscalía demostró la existencia de indicios suficientes de responsabilidad penal. La Sala ordenó la continuación del proceso con todas las garantías del debido proceso, incluyendo la presentación de pruebas en audiencia pública.
El caso, que data de administraciones municipales entre 2014 y 2019, representa uno de los mayores escándalos de peculado en infraestructura hídrica en la región costera. La Fiscalía anunció que solicitará medidas cautelares adicionales para evitar la disipación de bienes de los procesados, con el objetivo de garantizar la reparación integral al Estado en caso de sentencia condenatoria.
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