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Asamblea inicia fiscalización al concurso para designar Fiscal General

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización al concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se desarrolla en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La mesa, con mayoría oficialista, sesionó la tarde del […]

Asamblea inicia fiscalización al concurso para designar Fiscal General
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La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización al concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se desarrolla en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La mesa, con mayoría oficialista, sesionó la tarde del martes para tratar este único punto. La moción fue presentada por el asambleísta Jorge Chamba (ADN) y aprobada con seis votos del oficialismo. Tres legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y uno del Partido Social Cristiano (PSC) se abstuvieron.

La presidenta de la Comisión, Diana Jácome (ADN), defendió la legitimidad del proceso con base en los artículos 21 y 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En contraste, Blasco Luna (RC) cuestionó que la fiscalización carezca de motivación formal, como una denuncia ciudadana o disposición del Consejo de Administración Legislativa.

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Durante la reunión se produjo un enfrentamiento verbal entre Luna y Jácome. La presidenta acusó al legislador de tener actitudes irrespetuosas hacia las mujeres de la comisión y el equipo técnico, lo que tensó aún más el debate.

El concurso público para elegir al nuevo Fiscal General avanza con la conformación de la comisión ciudadana de selección, integrada por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía elegidos por méritos y cinco delegados de las funciones del Estado.

Aunque los comisionados fueron posesionados el 22 de enero, aún no han iniciado funciones, pues la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional deben reconfigurar a sus delegados, lo que retrasa el inicio de actividades.

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La fiscalización legislativa añade presión al proceso de selección del titular de la FGE, un cargo clave en la institucionalidad del país. La controversia refleja las tensiones políticas en torno al control y transparencia de los concursos públicos en Ecuador.

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