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Bolivia: Mineros y sectores sociales marchan en La Paz contra el fin de la subvención a combustibles

Por tercer día consecutivo, sindicatos de mineros, fabriles y maestros estatales salieron a las calles este 24 de diciembre para protestar contra el decreto del gobierno de Rodrigo Paz, que eliminó la subvención a los combustibles y provocó la duplicación de los precios de la gasolina y el diésel. La movilización, organizada por la Central […]

Bolivia: Mineros y sectores sociales marchan en La Paz contra el fin de la subvención a combustibles
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Por tercer día consecutivo, sindicatos de mineros, fabriles y maestros estatales salieron a las calles este 24 de diciembre para protestar contra el decreto del gobierno de Rodrigo Paz, que eliminó la subvención a los combustibles y provocó la duplicación de los precios de la gasolina y el diésel.

La movilización, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB), recorrió las principales arterias del centro histórico con la intención de ingresar a la plaza Murillo, sede del poder político. Sin embargo, el acceso fue bloqueado por policías antimotines que instalaron vallas de seguridad. A diferencia de jornadas anteriores, no se registraron enfrentamientos.

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El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, aseguró que la protesta es pacífica y que los policías “son parte del pueblo” que también sentirán el impacto económico de la medida. “Ha subido el precio de la carne, el precio de los pasajes y eso nos afecta”, señaló, atribuyendo al decreto un efecto inflacionario inmediato.

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Durante dos décadas, los gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) mantuvieron congeladas las tarifas de los combustibles, importando hidrocarburos para revenderlos a pérdida en el mercado interno. Esa política, según analistas, agotó las reservas internacionales y desencadenó la peor crisis económica en 40 años.

Actualmente, Bolivia enfrenta una escasez de divisas y una inflación anualizada del 20% registrada en noviembre. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, defendió la decisión oficial, asegurando que el fin de la subvención permitirá un ahorro de USD 10 millones diarios para el Estado.

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