Bolsonaro saca adelante su paquete de ayudas en vísperas de las elecciones

Brasilia, 14 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logró aprobar este miércoles en el Parlamento un amplio paquete de medidas sociales a menos de tres meses para las elecciones, para las que el claro favorito es el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La Cámara de los Diputados aprobó, en dos votaciones y por mayoría cualificada, una polémica enmienda a la Constitución que permite al Gobierno de Bolsonaro repartir unos 41.250 millones de reales (hoy 7.650 millones de dólares) en subsidios, en vísperas de los comicios.

Para ello, la base oficialista incluyó en la propuesta una declaración de «estado de emergencia» hasta final de año, muy discutida por la oposición y algunos juristas, bajo el argumento del alza «extraordinaria e imprevisible» del precio de los combustibles.

En la práctica, se trata de una maniobra de las fuerzas parlamentarias que apoyan al líder ultraderechista para no incumplir la legislación electoral, que en circunstancias normales impide promover este tipo de medidas seis meses antes de los comicios, que este año se celebrarán el 2 de octubre.

Entre los beneficios aprobados figuran elevar un 50 % el auxilio mensual que ya reciben las familias más pobres del país, hasta los 600 reales (110 dólares), crear una ayuda para financiar las bombonas de gas y la posibilidad de reducir los impuestos sobre hidrocarburos.

También prevé distribuir un subsidio para taxistas y otro de 1.000 reales (185 dólares) para camioneros autónomos, que forman parte de la base social de apoyo a Bolsonaro.

El proyecto ya está listo para su entrada en vigor, tras el aval del Senado el pasado 30 de junio.

La aprobación de la propuesta fue celebrada con aplausos y hasta «vivas a Dios» en una asamblea de pastores evangélicos celebrada en el estado de Maranhao, uno de los más pobres del país, y a la que asistió Bolsonaro, que puede haber ganado un balón de oxígeno.

El jefe de Estado lleva meses estancado en los sondeos con vistas a los comicios del 2 de octubre, con una desventaja de entre 15 y 20 puntos sobre el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y busca volver al poder.

CRÍTICAS POR «ELECTORALISTA» Y «KAMIKAZE»

Aunque fue respaldado por la inmensa mayoría del pleno de la Cámara, el proyecto fue objeto de críticas por su carácter «electoralista» y «kamikaze».

El PT de Lula votó a favor, aunque pidió a los brasileños que «no se dejen engañar» porque los beneficios sólo serán realidad hasta el 31 de diciembre de 2022.

En este sentido, Reginaldo Lopes, diputado del PT, afirmó que el texto es un «cheque en blanco» al Gobierno de Bolsonaro, mientras que para Tiago Mitraud, del partido Novo (centroderecha), es «un cañón económico» para «conquistar votos».

También la tacharon de «kamikaze» ante su potencial impacto sobre las cuentas públicas del país y la inflación, que actualmente roza el 12 % interanual. Bajo el «estado de emergencia», el Gobierno puede, además, saltarse las reglas de equilibrio fiscal.

Por su parte, Giovani Cherini, del Partido Liberal (derecha), con el que Bolsonaro aspirará a la reelección, prometió que en diciembre elaborarán «otro programa social», si vencen en las presidenciales y el país sigue «en emergencia».

DUDAS SOBRE EL «ESTADO DE EMERGENCIA»

La declaración de «emergencia» nacional también levantó sospechas entre la oposición por el hecho de que el país celebrará las elecciones presidenciales, legislativas y regionales bajo ese estado.

«No estamos seguros de cómo el Gobierno de Bolsonaro va a usar el estado de emergencia», que puede llegar a «herir la autonomía del proceso electoral», alertó Lopes, del PT.

Otros congresistas se refirieron a la «emergencia» como una medida «fake», «mentirosa» y «artificial», cuyo único fin es «burlar la legislación electoral» en favor del Gobierno, y advirtieron del «peligroso precedente» que supone su aprobación.

Ese mecanismo ya fue utilizado durante la pandemia de coronavirus y ahora el Gobierno se escuda en él ante la fuerte subida de los combustibles, con riesgo de que el asunto acabe en los tribunales.

El Tribunal de Cuentas, órgano que fiscaliza el Estado brasileño, ya ha abierto un procedimiento para evaluar la batería de medidas sociales.

Asimismo, diputados de la oposición también recurrieron a la Corte Suprema para intentar suspender la tramitación del texto, pero en todos los casos sus demandas fueron rechazadas. EFE