En la misiva en la que el grupo reconoció la masacre, aclaró que “solo fueron tres jóvenes los asesinados, y no cuatro”, como habían informado las comunidades indígenas.
La disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC) se atribuyó la responsabilidad del asesinato de tres «jóvenes» indígenas de la comunidad indígena de Murui, reclutados en el departamento del Putumayo, ubicada en el suroeste de Colombia.
En un comunicado conocido el miércoles, el grupo armado indica que, “frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (No fueron cuatro) que fueron ajusticiados”, y asegura que los jóvenes tenían «la edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria”.
Según reveló el domingo Carlos Garay, secretario de la Comisión de Derechos Humanos Indígenas, los menores “tenían de 14 a 16 años».
Las disidencias de las FARC también señalaron que los jóvenes «no fueron reclutados por la fuerza» para su integración en el frente ‘Carolina Ramírez’, una de las estructuras del EMC, señalado del crimen.
“Denunciamos que el enemigo busca aprovecharse de la vulnerabilidad de los pueblos originarios para hacer infiltración con el fin de desmoralizar y cooptar militantes al interior de los campamentos para violar nuestros estatutos, induciéndolos a cometer delitos graves como ubicación de campamentos, comandantes y otras operaciones de inteligencia, con el fin de crear un ambiente de combate en la zona”, agrega el grupo subversivo.
La disidencia también se compromete, según el comunicado fechado el 21 de mayo, a reparar a la comunidad por el hecho. Reiteró su “férreo compromiso de lucha por la paz” e instó al país “a rodear el proceso de diálogo con el Gobierno nacional” y se comprometió a delegar una comisión de paz, “toda vez que no existe el mecanismo de verificación local” para atender a pueblos indígenas amazónicos.
Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), el asesinato ocurrió, el pasado 17 de mayo, en la comunidad El Estrecho, zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas.
Este hecho llevó a que el gobierno de Colombia anunciara el lunes la suspensión del cese del fuego pactado con los rebeldes, acusados de matar recientemente a los indígenas.
El domingo, el presidente Gustavo Petro rechazó el hecho que calificó como “un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario», a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
