San Salvador, 17 nov (EFE).- La organización Cristosal denunciará al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por más de 200 casos de robo de identidad mediante la billetera gubernamental de bitcóin, según informó este jueves.
La organización, que hace un año promovió un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y no ha recibido respuesta, buscará «elevar una petición a la CIDH para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño».
Esto por «no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada y autodeterminación informativa de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Indicó en un comunicado que «el silencio de la Sala de lo Constitucional vulnera además el derecho al acceso a justicia y a un recurso eficaz, y evidencia la falta de un juez independiente e imparcial, dada la cooptación del Órgano Judicial por el Órgano Ejecutivo».
Acotó que son 228 «víctimas que confiaron su denuncia y brindaron su consentimiento a Cristosal para este proceso», que forman parte de más de 700 salvadoreños cuyos datos personales habrían sido usurpados para registrarlos en la billetera de bitcóin del Gobierno de El Salvador, llamada Chivo Wallet, para el cobro de un bono.
IRREGULARIDADES EN ADOPCIÓN DE BITCÓIN
La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno de Nayib Bukele más de 200 millones de dólares para la adopción del bitcóin desde el 7 de septiembre de 2021.
De estos fondos, se destinaron 150 millones de dólares a un fideicomiso para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), que ha puesto bajo secreto toda la información relacionada con el manejo de estos recursos.
Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra unas reformas a la Ley de Bandesal que «permiten la reserva de toda la información» los fondos públicos que maneja.
«La falta de transparencia deja a la ciudadanía sin conocer a los beneficiados, las cantidades o las razones de los otorgamientos de fondos», indicó la organización.
También pidió a la Corte de Cuentas que informe «el estado de la denuncia interpuesta y admitida hace un año» relacionada con «la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcóin».
Desde que el órgano legislativo, a petición del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley Bitcóin, el Gobierno salvadoreño supuestamente compró 2.381 bitcoins por más de 100 millones de dólares, cuyo valor se ha reducido por las caídas que ha tenido la criptomoneda.
A pesar de que las transacciones de bitcóin podrían conocerse públicamente mediante la dirección de la billetera digital en la que se guardan, el Gobierno no ha revelado esta información.
La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica de Bukele, cumplió un año en septiembre sin que se hayan materializado la mayoría de expectativas generadas y con denuncias de opacidad. EFE
