Guayaquil
Paso elevado de Guayaquil sigue suspendido
La construcción del paso elevado vehicular en la intersección de las avenidas del Bombero y Dr. Leopoldo Carrera, parte del Programa CAF XVI gestionado por el Municipio de Guayaquil, fue suspendida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) tras detectar irregularidades en su permiso ambiental. La viceministra Daniela Limongi explicó que la decisión responde a denuncias ciudadanas sobre posibles impactos ambientales, lo que llevó a una investigación que reveló fallos en la categorización del proyecto.
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El 11 de julio de 2025, la Prefectura del Guayas, autoridad ambiental provincial, notificó al Municipio la suspensión temporal de la obra, financiada con un crédito de 15.4 millones de dólares de la CAF. El 23 de julio, el MAATE ordenó iniciar un proceso administrativo sancionador y revocar el Registro Ambiental otorgado en octubre de 2023, tras un informe técnico que identificó que el proyecto fue incorrectamente clasificado como de bajo impacto. Según Limongi, el 88.24% de los impactos ambientales, según el estudio de prefactibilidad, son de significación media y alta, lo que requería una Licencia Ambiental más rigurosa.
El informe también señaló que el Municipio omitió actividades como construcción de ductos, remoción de suelo y perforaciones, las cuales, al simularse en el Sistema Único de Información Ambiental, confirman la necesidad de una Licencia Ambiental de alto impacto. La Prefectura del Guayas, a cargo de Marcela Aguiñaga, acató la orden y abrió un proceso sancionador, que podría derivar en una investigación penal por presunta presentación de información falsa, según el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, con penas de uno a tres años de prisión.
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, presidida por Camila León, lamentó la inasistencia del alcalde Aquiles Álvarez a una sesión convocada para abordar el tema. El asambleísta Fernando Jaramillo advirtió que la falsedad documental podría tener consecuencias legales graves.
Mientras, el Municipio insiste en que cumplió con los requisitos legales y califica la suspensión como un acto político, según declaraciones en X. La obra, que busca descongestionar el tránsito de 120,000 vehículos diarios, permanece paralizada, afectando 1,500 empleos directos e indirectos.
