Guayaquil enfrenta creciente ola de secuestros y extorsiones

La ciudad de Guayaquil vive una creciente preocupación por el aumento de secuestros y extorsiones, delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos y el funcionamiento de los negocios locales. Según la Fiscalía, se reportan al menos cuatro secuestros diarios en la ciudad, aunque muchos casos no llegan a denunciarse ante las autoridades, lo que agrava la percepción de inseguridad. La provincia de Guayas concentra el 38% de las denuncias de secuestros a nivel nacional, consolidando a Guayaquil como uno de los epicentros de esta problemática.

Los delincuentes han intensificado sus actividades, exigiendo sumas que suelen superar los USD 10.000, aunque en algunos casos aceptan pagos menores, como USD 2.000, para liberar a las víctimas, muchas de las cuales son personas humildes sin recursos suficientes. Estos crímenes, que antes se perpetraban principalmente de noche, ahora ocurren a plena luz del día, en hogares, vehículos o incluso en las calles, generando una sensación de desprotección generalizada entre los guayaquileños.

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A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional, que realiza patrullajes constantes en zonas de alta peligrosidad y ha capturado a varias bandas dedicadas a estos delitos, la situación persiste. Un problema crítico, según expertos, es la liberación de los detenidos por parte de algunos jueces, lo que permite a los delincuentes reincidir y refuerza la percepción de impunidad.

En el primer trimestre de 2024, la policía registró 724 llamadas de emergencia por extorsión en Guayaquil, un aumento del 476% respecto al mismo período de 2023, y 209 secuestros confirmados, un incremento del 2.512% frente a los ocho casos reportados en 2023.

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La ciudadanía y los empresarios exigen medidas más contundentes para combatir esta ola delictiva. La declaración de un estado de emergencia por parte del presidente Daniel Noboa y el despliegue de fuerzas militares han reducido los homicidios en un 16,5% en 2024, pero las extorsiones y secuestros continúan en aumento, evidenciando la necesidad de una estrategia integral que fortalezca el sistema judicial y combata la impunidad.