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Guayaquil

Tribunal Impone 5 Años de Prisión a Bryan A., Alias «Momo», por Tráfico de Armas en Guayas

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El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil declaró culpable a Bryan A., alias «Momo», y le impuso una pena privativa de libertad de cinco años por el delito de tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. La sentencia, dictada tras un proceso judicial que incluyó revisión de evidencias y testimonios, resalta el compromiso de las autoridades con la desarticulación de redes de armamento ilegal en la provincia de Guayas, una zona de alta vulnerabilidad a la delincuencia organizada.

Bryan A. fue aprehendido el 15 de marzo de 2025 en la parroquia Virgen de Fátima, tras una persecución iniciada por patrullas de la Policía Nacional que detectaron su vehículo en movimiento sospechoso. La intervención culminó con el registro del automóvil, donde se hallaron indicios vinculantes al delito, incluyendo armas de fuego, municiones y explosivos ocultos en compartimentos adaptados. Fuentes judiciales indicaron que el detenido no opuso resistencia inicial, pero el material incautado superaba los límites legales, confirmando su rol en el tráfico ilícito.

Detalles del Proceso Judicial

El juicio, que duró varias semanas, contó con peritajes balísticos y análisis forenses que validaron la procedencia ilegal de los explosivos, posiblemente relacionados con actividades delictivas en la región. El fiscal presentó pruebas como videos de la persecución y testimonios de testigos, mientras la defensa alegó falta de intencionalidad, pero el tribunal rechazó los argumentos por la contundencia de las evidencias. «Momo», de 28 años, no tiene antecedentes previos registrados, pero la sentencia busca disuadir similares redes en Guayas.

La Policía Nacional y la Fiscalía han intensificado operativos en parroquias como Virgen de Fátima, donde el tráfico de armas ha contribuido a la violencia urbana. Bryan A. fue trasladado inmediatamente a un centro penitenciario para cumplir su pena, y se investiga posibles cómplices. Este fallo refuerza la aplicación de la ley contra el armamentismo ilegal, alineado con la estrategia de seguridad del Gobierno para reducir la delincuencia en la Costa.

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