El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ha sido convocado oficialmente para comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero de 2026. La cita, programada para las 10:00, tiene como objetivo principal que el funcionario explique las presuntas presiones ejercidas sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano. Dichas acciones habrían buscado beneficiar a un ciudadano de nacionalidad serbia procesado por narcotráfico.
La urgencia del caso ha llevado a los legisladores a suspender un día de su período de vacaciones para recibir al titular de la Judicatura, cumpliendo así con el plazo de ocho días otorgado por el Parlamento. Esta decisión subraya la importancia de la rendición de cuentas en un proceso que ha generado gran controversia pública y que pone en duda la independencia de las decisiones judiciales en casos de crimen organizado.
La situación de Godoy se ve complicada por el involucramiento de personas cercanas a su entorno en el escándalo. Entre los señalados se encuentra Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, acusado de intentar persuadir al juez Serrano, y la abogada Dolores Vintimilla, esposa del propio Godoy, quien ejerció la defensa técnica del ciudadano serbio durante la etapa de investigación previa del caso.
Como consecuencia de estos hechos, la bancada del correísmo ya ha anunciado que presentará una solicitud formal de juicio político contra el funcionario. Este movimiento legislativo anticipa un inicio de año marcado por una fuerte tensión institucional, donde la permanencia de Godoy en el cargo dependerá de las pruebas y explicaciones que presente ante el máximo organismo de control político del país.
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