La Prefecta del Guayas denunció que, pese a los incumplimientos, Conorte y Concegua jamás fueron multadas. Equipos de la Contraloría del Estado trabajan en una auditoría ampliatoria a los contratos no ejecutados.
Rodeada de 64 cajas de cartón llenas de documentos que no reposaban en los archivos de la institución, Susana González, prefecta del Guayas, cuestionó que las concesionarias viales estén planteando un diálogo cuando al mismo tiempo interpusieron una acción de protección Constitucional.
“Si el objetivo era el diálogo como lo plantearon el viernes en una carta de intención, ellos tenían dos recursos, irse vía arbitraje pagando primero las multas que es lo que corresponde, o, a través del contencioso administrativo. Lo hicieron por otra vía para obviar lo que tenían que cumplir y honrar”, expresó la primera autoridad de la provincia en rueda de prensa con motivo de las multas a las concesionarias Conorte y Concegua.
Entre el 11 y 25 de septiembre, por el incumplimiento de mantenimiento, así como de nuevas obras previstas en los dos contratos, la prefecta Susana González dispuso la aplicación de nueve multas que suman USD 30’803.800,68. De este valor USD 7’779.490,37 corresponden a Concegua S.A., y USD 23’024.310,31 a Conorte S.A.
Acompañada de los alcaldes de Durán, Colimes y Balzar, González dijo que si las concesionarias quieren conversar va a ser frente a las cámaras, frente a Transparencia Internacional y frente a la sociedad civil para que vean de qué manera se acuerdan compromisos que van en beneficio de la provincia.
“Durante 20 años se manejaron los recursos del Guayas al antojo de dos concesionarias. La provincia honró el contrato, devengó los recursos todos los años. El último año, que se hace ampliación del contrato del 2021 al 2026, da la casualidad que en el 2018 la provincia debió recibir estas obras tanto Nobol-La Cadena, como Guayaquil-El Empalme y nunca sucedió. Es en base a estas obras no ejecutadas, no por falta de mantenimiento, las multas más altas”, explicó.
También denunció que el contenido de las 64 cajas de documentos se encontraba en las oficinas privadas de ex directores de la Unidad de Concesiones de la Prefectura. “A lo largo de estos años siempre manipularon todo. Estas cajas son la evidencia que aquí en la Prefectura no reposaban documentos y, al parecer, desde las oficinas de Conorte manejaban la tasa de retorno que jamás, desde el 2012, fue contrastada. Entonces, la provincia devengó sobre supuestos, pero jamás recibió un descargo diciendo, por ejemplo, que por las vías de Guayas pasan 140.000 unidades diarias”.
En este sentido, dos equipos de la Contraloría del Estado especializados en concesiones trabajan en una auditoría ampliatoria a los contratos no ejecutados, adicional a una investigación financiera administrativa de la entidad cuyos resultados estarían en 30 días.
La prefecta González enfatizó que las acciones que se vienen tomando obedecen a los intereses de los guayasenses y a la necesidad urgente que tenía la provincia de transparentar sus recursos. “El Ecuador y los usuarios que transitan por las vías del Guayas merecían estos tiempos de sinceramiento económico de obras que no fueron ejecutadas, que no fueron mantenidas y que la provincia devengó más de USD 500 millones que pudieron haber sido administrados para vías de segundo orden”.
Sobre la decisión tomada por el H.Consejo Provincial de iniciar el proceso para la terminación de los contratos con las concesionarias viales, el Procurador Síndico de la Prefectura, Gustavo Taiano, explicó que “siendo garantistas del debido proceso, lo que procede es que las multas estén en firme para proceder después, conforme a derecho, a la terminación del contrato vía caducidad”.
