Más de 2.000 familias en situación de vulnerabilidad que residen en Galápagos accederán a bono de protección

En el marco de la ampliación de la Red de Protección Social –eje fundamental de la gestión del Gobierno del presidente Lenín Moreno– 2.315 familias que residen en las Islas Galápagos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues, en su mayoría, viven de las actividades turísticas (que se han visto afectadas por el impacto de la pandemia por el COVID-19), recibirán un Bono de Protección Familiar por Emergencia. Este corresponde a un valor de USD 145 y se cancelará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

La provincia insular ha sido una de las más golpeadas durante la emergencia sanitaria, debido a que su principal actividad económica es el turismo, industria que se ha visto afectada a escala mundial. Por ello, esta transferencia monetaria temporal les permitirá a los núcleos familiares, aliviar el impacto económico provocado por la reducción de sus ingresos, y contribuirá a que puedan reactivar sus actividades económicas.

Tal como se establece en el Decreto Ejecutivo No. 1182, suscrito el 27 de octubre de 2020, los beneficiarios de este Bono de Protección Familiar por Emergencia han sido definidos con base en la información proporcionada por la Unidad del Registro Social. Si alguna persona es actualmente beneficiaria de los bonos y pensiones que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), no podrá acceder a dicha transferencia. Además, para recibir la ayuda es necesario que, por lo menos, algún miembro de la familia sea residente permanente de Galápagos.

La provincia de Galápagos ha recibido atención prioritaria por parte del Gobierno Nacional para proteger la salud de sus habitantes y de su economía. Durante los últimos meses, se han impulsado diferentes mecanismos, acceso a beneficios tributarios y campañas para promover la recuperación del sector turístico en la región insular. Durante la emergencia sanitaria, la banca pública invirtió más de USD 10,95 millones en el archipiélago para promover la reactivación económica de sus habitantes.

Ante la triple emergencia (sanitaria, social y económica) que ha vivido el país en los últimos meses, el Gobierno Nacional ha decidido ampliar la protección social a aquellas familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, y que, además, han sufrido una disminución de sus ingresos, producto del impacto económico provocado el COVID-19.