Tanto el Gobierno actual como el correísmo deben asumir responsabilidad en la crisis de derechos humanos que se vive en la cárceles del país, que viene de muchos años, por las víctimas, por los familiares afectados por esta tragedia, por los inocentes que mueren en estas masacres.
El estallido del día 23 de febrero es el resultado de un modelo de cárceles gigantes, hacinadas, en donde los detenidos por todo tipo de crímenes se mezclan, a cargo de un cuerpo de seguridad (ajeno a la Policía Nacional) insuficiente en número y capacidades, mal pagado y propenso a ser corrompido.
Es el resultado de asesinos liberados sin cumplir sus penas gracias a cuestionables interpretaciones de jueces cooptados por el hampa, pero sobretodo es el síntoma de una sociedad y un Estado en el cual el crimen organizado gana cada vez más espacio.
Por todo esto, combatir la violencia y el crimen será una prioridad en mi Gobierno. Esto no solo exige cárceles seguras y estrictamente controladas, sino una mirada integral sobre prevención y rehabilitación en el caso de los crímenes menores. Y al crimen organizado, el de los sicariatos, el que hoy controla prisiones con sus oscuras conexiones políticas, le prometo algo muy concreto: ¡los combatiré sin tregua, con la ley en la mano, con jueces probos e independientes!
Guillermo Lasso
