Internacional
Publicación de resultados y pesquisas tensan ambiente político en Ecuador
La tensión crece en Ecuador desde la proclamación este domingo de los resultados oficiales de las elecciones generales del 7 de febrero, y la prevista llegada a Quito de una marcha indígena para exigir el recuento de más de la mitad de los votos.
A las denuncias de fraude electoral realizadas por el candidato indigenista Yaku Pérez, que encabeza la movilización desde el viernes, se ha sumado en las últimas horas el correísta Andrés Arauz, ganador de los comicios con el 32,72% de los votos.
Le sigue el centroderechista Guillermo Lasso (19,74 %), y en tercera posición Pérez (19,39 %).
POLÉMICA SERVIDA
El esperado anuncio de los resultados, con un retraso de casi 20 horas debido a la necesidad de revisar varias decenas de actas en el último momento, se ha producido a dos días de que simpatizantes del movimiento Pachakutik lleguen a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito.
En su habitual denuncia desde la misma madrugada de las elecciones, Pérez manifestó desde la andina Riobamba que el proceso electoral «está lleno de anomalías» y cuestionó que el CNE haya proclamado los resultados.
«No sabemos por qué proclama los resultados sin haber atendido las reclamaciones que ha presentado Pachakutik», respecto de miles de actas que consideran que tenían irregularidades, indicó en declaraciones a la prensa mientras avanzaba hacia Quito al frente de cientos de militantes.
Según el CNE, Lasso finalmente superó a Pérez en unos 32.600 votos, con lo cual serán él y Arauz los que pasen en principio al balotaje del 11 de abril.
El organismo electoral asegura, sin embargo, haber atendido todas las reclamaciones de diversos políticos y movimientos, entre ellos Pachakutik.
Y aún así, las advertencias y críticas no dejan de llover.
CRÍTICAS Y ADVERTENCIAS
La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó su «alerta y preocupación frente a la serie de acontecimientos presentados» en el escrutinio para determinar los presidenciales finalistas y considera que dada la «estrecha diferencia entre los binomios que disputaron el segundo lugar, es necesario que se atiendan y resuelvan todos los reclamos administrativos o judiciales que legalmente sean presentados».
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó hoy a las autoridades de Ecuador «a resolver estas reclamaciones en estricto apego de la ley y a dar cumplimiento al calendario electoral».
El organismo interamericano dio cuenta del análisis y recomendaciones de un informe preliminar y defendió que aquellos sujetos políticos «que estén inconformes, tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente».
Estos últimos pronunciamientos se suman a las exigencias planteadas el sábado por la Contraloría General del Estado (CGE) y la Fiscalía, para investigar o auditar los sistemas informáticos de escrutinio en aparente respuesta a las denuncias de Pérez.
Unas investigaciones que no han gustado para nada al vencedor de los comicios, que ve en los jefes de esos organismos, Pablo Celi y Diana Salazar respectivamente, el dedo del mismísimo presidente Lenín Moreno, acérrimo antagonista del correísmo pese a que en 2017 fue catapultado a la Presidencia desde ese movimiento.
En una denuncia que sus asesores legales presentaron este domingo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arauz señaló las supuestas interferencias de la Contraloría y la Fiscalía, a las que acusó de intentar demorar el balotaje.
El candidato presidencial alegó que el Gobierno de Moreno «no puede durar un día más que el período» establecido, que termina el próximo 24 de mayo, cuando «le debe reemplazar la persona que sea elegida de forma democrática».
Acusó a las instituciones fiscalizadoras del Estado de intentar «dar un nuevo golpe a la democracia con la pretensión de afectar la segunda vuelta electoral».
EL CALENDARIO NO CAMBIARÁ
Frente a las acusaciones, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado que la institución que dirige «seguirá actuando como manda la Constitución» y hará «respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas».
«El calendario electoral que nos conduce a la segunda vuelta electoral no se cambia», escribió en Twitter, argumento que defendió esta semana para evitar aplazar la publicación de los resultados.
Atamaint quedó en el ojo de la tormenta cuando el 12 de febrero gestionó un acuerdo con Pérez y Lasso para el recuento de la totalidad de los votos en la provincia de Guayas, y del 50 % en otras 16, pacto que quedó en papel mojado por falta de apoyos.
El que se ha manifestado satisfecho con la situación ha sido Lasso, que ve refrendado su pase al balotaje.
«¡Vamos a la segunda vuelta con ánimo y optimismo! Conmigo siempre habrá el espacio para tener un diálogo frontal y sincero que sume al objetivo de conseguir juntos el Ecuador del encuentro», escribió en un trino que acompañó de la leyenda: «La democracia ha triunfado».
Entretanto, Quito comienza a prepararse para la llegada de la denominada Marcha Nacional Indígena, que ha sido secundada asimismo por representantes de los sindicatos y otras organizaciones sociales.
Situada en una de las principales avenidas de Quito, la sede del CNE se encuentra acordonada y en los últimos días el blindaje se ha intensificado con vallas entrecruzadas y concertinas que impiden el paso a la zona.
Pérez recordó hoy en Riobamba que la manifestación pública «es un mecanismo válido de expresión democrática», e insistió en que «debe ser ejercida en forma pacífica».
«La marcha a Quito es para la denuncia contra los que nos hicieron fraude y es para exigir transparencia, y para demostrar que tenemos una legitimidad, y que somos un movimiento con una reserva moral que otros no la tienen», concluyó. EFE
