Abogado de Correa cree que otros casos de la región acabarán como el de Lula

El abogado ecuatoriano Fausto Jarrín, que defiende al expresidente de Ecuador Rafael Correa, opinó que la situación actual del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas condenas por presunta corrupción han sido anuladas por una corte, se repetirán en otros países afectados por el «Lawfare».

«Sin lugar a dudas, todo esto se va reproducir en nuestros países, porque no hay manera de permitir que se repitan episodios tan vergonzosos» como los que han ocurrido en otros países latinoamericanos y que se han denominado «académicamente como Lawfare o judicialización de la política», aseguró Jarrín a Efe.

Citó casos como los de Correa (2007-2017) en Ecuador, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina o el exmandatario Evo Morales (2006-2019) en Bolivia, políticos progresistas acusados de supuesta corrupción, pero en cuyos procesos se han levantado serias dudas sobre la actuación judicial.

Esos litigios en muchos casos han adolecido «de atropellos y arbitrariedades contra el debido proceso», dijo y aseguró que cree que próximamente saldrá a la luz que el sustento de las denuncias se basó en versiones de «delatores que han mentido, con pruebas forjadas, con jueces que se han declarado competentes cuando no lo eran».

En muchas de esas causas, «las nulidades claman al cielo», agregó el letrado, que también dijo creer que han habido medios de comunicación que se han aliado a grupos poderosos para justificar las supuestas persecuciones políticas contra personajes o sectores que han afectado «el estatus quo o las políticas neoliberales» aplicadas en América Latina.

«Como abogado de Correa he presentado denuncias contra los que han estado involucrados en todo esto, varias denuncias por fraude procesal, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato», añadió Jarrín.

Calificó de «vergonzoso» que a su cliente le hayan condenado a ocho años de prisión bajo el argumento de haber ejercido un «influjo psíquico» sobre funcionarios de su administración para que cometan actos delictivos.

«La ciudadanía se merece seguridad jurídica», apostilló Jarrín tras comentar que, a su parecer, el tiempo desvelará los supuestos atropellos cometidos en casos de corrupción que involucran a varios exmandatarios de la región.