Fiscalía pide prisión preventiva para alcalde de Quito por presunto peculado

La Fiscalía solicitó este martes prisión preventiva y apertura de juicio para el alcalde de Quito y trece procesados por el presunto delito de peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas para la detección de la covid-19.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pidió esa medida cautelar contra los procesados, al considerar que existe riesgo de fuga.

«La Fiscalía de Ecuador concluye con su anuncio de prueba y solicita prisión preventiva para Jorge Yunda, alcalde de Quito, debido a que, de esta, se derivarían otras investigaciones que involucrarían directamente al burgomaestre, a su hijo y otros familiares», indicó el órgano fiscal en Twitter.

La decisión pende ahora de la decisión del juez que instruye el caso, que ha celebrado varias vistas en una audiencia preparatoria de juicio.

El fiscal provincial emitió el lunes un dictamen acusatorio contra Yunda en base a varias evidencias como el contrato de emergencia para la adquisición de reactivos de las pruebas PCR-polimerasa, el pago de un anticipo del 70% por 2,6 millones de dólares ordenados por el Municipio, o la partida presupuestaria para la compra.

Por su parte, Yunda ha indicado en la misma red social que sigue «atento la audiencia preparatoria de juicio» y que le «sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré».

El Ayuntamiento quiteño adquirió esas 100.000 pruebas de detección de la covid-19 en 2020, cuando comenzaba la pandemia, y algunos de los funcionarios procesados han indicado que las pruebas adquiridas en ese momento eran «las mejores».

Sobre los procesados pesan en distinta medida diversas medidas cautelares como la prisión preventiva, de prohibición de la salida del país, el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, y la presentación periódica ante sede judicial para el regidor.

La Fiscalía ecuatoriana indicó que el delito de peculado refiere a la compra de 100.000 pruebas PCR a un costo de 4,2 millones de dólares en un contrato a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la empresa Salumed S.A.

«En lugar de las PCR Polimerasa, había recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato», señala la entidad sobre la supuesta adquisición irregular de las pruebas.

El delito de peculado está sancionado con prisión de diez a trece años, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.

Alcalde de la capital ecuatoriana desde 2019, Yunda está imputado en la causa desde el 16 de febrero como autor mediato.

Las medidas cautelares incluyeron también la inmovilización de cuentas y bienes por 5 millones de dólares durante la instrucción fiscal. EFE