Con la finalidad de asegurar que los principios de sostenibilidad ambiental y las políticas públicas sobre reutilización y minimización de residuos tengan una aplicación efectiva; el Presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.
Un total de 53 artículos y disposiciones alternativas fueron remitidos al Legislativo para dotar de viabilidad técnica al proyecto de ley y adecuarla a la realidad nacional en materia ambiental.
Así, se observa que: “la ley se debe enfocar en la implementación de criterios y mecanismos de producción y consumo sostenible, políticas y financiamiento de iniciativas de economía circular, en ámbitos como ecodiseño, producción limpia, eco- eficiencia, logística inversa y remanufactura, simbiosis industrial, entre otros conceptos innovadores”. Por ello, se plantea una redacción más amplia y con rigurosidad técnica sobre los objetivos, principios y conceptos contemplados en la normativa.
Además, para evitar una estructura burocrática, que demanda más recursos y que solo dificultaría la aplicación de los principios, el Mandatario propone que las facultades normativas y sancionatorias las mantengan los entes rectores en materia ambiental e industrial. Además, propone que los registros, trámites y obligaciones que se les da a las personas naturales y jurídicas sean consecuentes con su realidad operativa y financiera.
La objeción del Presidente también propone que se eliminen normas duplicadas, en virtud del principio de seguridad jurídica. Y, reconociendo la realidad técnica y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se perfeccionó las atribuciones y competencias.
