El excandidato Arauz pide la renuncia de Lasso o elecciones por los papeles de Pandora

Quito, 7 oct (EFE).- El excandidato presidencial por el correísmo Andrés Arauz instó al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a que «renuncie» a su cargo por el escándalo de los papeles de Pandora, o a que se inicie un nuevo proceso electoral, al considerar que el mandatario ha perdido toda «legitimidad interna y externa».

«Creemos que debe renunciar o ser destituido por esto, porque ha incumplido la Ley del Pacto Ético que se aprobó mediante consulta popular en 2017», dijo Arauz en declaraciones a Efe al referirse a la prohibición de tener propiedades en paraíso fiscal y exigir a Lasso que desclasifique inmediatamente toda la información para «ahorrar meses» de investigación.

El excandidato correísta habló desde México, donde se encuentra terminando un doctorado en economía que había interrumpido para presentarse a las pasadas elecciones presidenciales por la formación Unión por la Esperanza (UNES), en las que fue derrotado por el actual presidente en segunda vuelta.

Arauz cree que los papeles de Pandora arrastran un serio problema para que el gobernante ecuatoriano pueda seguir al mando del país porque «tiene falta de legitimidad interna y externa», y, «luego de un escándalo de esta magnitud, no le queda capital político para proponer sus reformas ni laborales ni tributarias ni de privatización».

Además, «no va a tener ni tiempo para ejercer su función porque va a estar ocupado defendiendo y coordinando las defensas con sus abogados».

Las propiedades de Lasso en el extranjero, incluido al menos un paraíso fiscal, Panamá, aparecieron en los papeles de Pandora publicados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en los que se constataban bienes hasta 2017.

El mandatario ha asegurado que se deshizo de todos sus activos ese año en cumplimiento riguroso de esa ley, y el miércoles ofreció responder a cualquier pregunta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y pidió al contralor general del Estado que valide su declaración patrimonial juramentada antes de asumir funciones.

Un ofrecimiento que la oposición política considera insuficiente por no ofrecer respuestas al período anterior a 2017, en el que Lasso ha confirmado que tenía activos en un país como Panamá, lo cual no era entonces ilegal.

Arauz, economista de formación, se queja del ofrecimiento de Lasso porque, asegura, no abarca «las propiedades en el exterior»: «Es un ejercicio inútil, básicamente un distractor».

Y exige al mandatario que «transparente los nombres, las empresas, las relaciones, el estatus de los fideicomisos, a quién vendió, por cuánto, o supuestamente cómo se deshizo» de esos bienes.

«Porque lo que continua (haciendo) es una trama de seguir ocultando el esquema de propiedad y el control efectivo de los activos en el exterior», consideró.

Además, cree que «en asuntos de extraterritorialidad la Contraloría va a poder hacer muy poco», e insta a una investigación independiente de varias instituciones, entre ellas el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos, la de Compañías y la Fiscalía, esta última por los delitos que pudiera haber cometido.

Todo ello para aclarar si hubo «evasión tributaria», «testaferrismo al usar a familiares» a quienes -asegura- traspasó  bienes, e incluso si con los artículos 91 a 105 del proyecto de Ley «Creando Oportunidades» buscaba beneficiarse con la regularización de bienes en el exterior.

El proyecto, eje de las reformas que quiere acometer Lasso para reactivar el país, fue devuelto por la Asamblea Nacional para una serie de enmiendas.

Para Arauz, esa ley «intentaba legitimar el lavado de dinero, legitimar la evasión tributaria mediante un impuesto a la regularización de los activos que habían evadido impuestos en el pasado».

En consecuencia insta al presidente a «actuar con responsabilidad con el país» y «transparentar absolutamente todo», y «abrir unilateral e inmediatamente mente toda la información ahorrando meses al proceso investigativo de las instituciones». EFE