Quito, 29 oct (EFE).- Recuperarse del impacto del narcotráfico, y de la criminalidad que provoca, puede llevar de «10 a 15 años» por las ramificaciones que esta lacra tiene a todos los niveles sociales, sanitarios y económicos, según el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.
«Que nadie crea que vamos solucionar esto en un mes o un año. Diría que ni siquiera vamos a terminar de arreglarlo en nuestro Gobierno. Lo que queremos es iniciar una política pública que ojalá se mantenga estable y, en un horizonte de 10 o 15 años, recuperarnos del problema», dijo en una entrevista con Efe.
Así lo afirmó al ser consultado sobre el estado de excepción que decretó el día 18 para combatir la creciente delincuencia y la criminalidad este año, y si piensa renovarlo.
Con índices de homicidios sin precedentes en los últimos años, atribuyó el fenómeno al crecimiento, tanto del tráfico de drogas con destino a otros países, como al consumo nacional.
«Se conocía que Ecuador era utilizado como país de tránsito para las drogas que iban a EE.UU. y también a la Unión Europea. Lastimosamente, en los últimos 14 años Ecuador se convirtió también en un país de consumo que golpea a niños y jóvenes», afirmó el mandatario.
Y atribuyó la situación a «los dos gobiernos en los últimos 14 años» y, en particular, al de Rafael Correa (2007-2017), de quien dijo: «De manera deliberada le entregó parte del territorio ecuatoriano al narcotráfico».
Para Lasso, este fenómeno se «ha unido a que no hay suficientes cupos en las universidades ni empleo» para los jóvenes, lo que genera que «parte de ellos se han incorporado al consumo de droga y son fichados por las bandas transnacionales».
El problema también se refleja en las recientes masacres en cárceles ecuatorianas, donde solo este año han muerto más de 250 reos en ajustes de cuentas entre bandas.
«Hay que reconocer que el Estado no ha tenido control de las cárceles, y que tampoco tiene funcionarios ni la capacitación suficiente», reconoció el presidente, quien más allá de los 120 millones de dólares que ha destinado para radares en la costa y mejorar el sistema penitenciario, cree que se requiere «una reforma legal».
Reforma que debería corregir el que las prisiones estén «bajo control de guías penitenciarios a los que se les prohíbe portar armas, máximo un tolete, frente a bandas de narcotraficantes con armas, explosivos e inclusive drones».
El mandatario consideró por todo ello que se requiere una acción conjunta de las instituciones de Gobierno, que aborden los problemas a nivel de «salud, educación, deporte, cultura y con la secretaría de Derechos Humanos», entre otras.
Preguntado sobre si tiene intenciones de renovar el estado de excepción de 60 días, manifestó que «depende de la Corte Constitucional», que es «muy celosa de estos temas».
Pero el objetivo del actual, agregó, es pegar «un frenazo» y «tomar fuerzas para definir una estrategia que pasa por el fortalecimiento de la Policía Nacional en número de efectivos, capacitación, equipamiento y, sobre todo, un gran respaldo político y moral del Gobierno para que se sientan seguros de que no van a ser sancionados en el cumplimiento del deber». EFE
