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Grupos sociales de Ecuador preparan una protesta contra las políticas de Lasso
Quito, 5 ene (EFE).- Grupos sociales y sindicales de Ecuador creen que las políticas «neoliberales» del presidente Guillermo Lasso incurren en la «violencia» contra la ciudadanía, mientras preparan su próxima protesta popular para el 19 de enero.
La movilización, que está siendo organizada por los sindicatos y otros grupos de la sociedad civil, entre ellas la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), será la primera este 2022, y seguirá a varias en 2021.
Con ella reclamarán al Gobierno, que entró en funciones en mayo pasado, una respuesta clara frente al alto precio de los combustibles, soluciones efectivas en política laboral y el pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La convocatoria sigue a repetitivas acusaciones de uno y otro lado, entre ellas la del presidente, este martes, acerca de que el líder de la Conaie, Leonidas Iza, es un «violento» y solo busca desestabilizar el Estado.
«Violencia es que el 35 % de los ecuatorianos estén en la pobreza y extrema pobreza; que se haya recortado el presupuesto de educación y salud. Violencia es que no se pague los 1.300 millones de dólares que debe el estado de las pensiones jubilares (…) la violencia la está generando el Gobierno», denunció a Efe el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio,
Los grupos sociales consideran que las acusaciones del mandatario contra líderes sociales son solo una «cortina de humo» con las que arremete para «escudarse de su incapacidad de gobernar».
A lo largo de 2021 los diferentes sindicatos y grupos sociales se manifestaron varias veces para protestar la intención de Lasso de ejecutar reformas que ellos consideran neoliberales y antisociales, pero para él imprescindibles para salir de la dura crisis en el país.
El Frente Popular, constituido por los distintos grupos, se reunirá el sábado para cerrar la fecha y modelo de la protesta del 19 de enero, tras una reunión este martes de los sindicatos.
Está pendiente la confirmación de la Conaie, cuyo presidente, Iza, manifestó este miércoles a Efe que apoyan la iniciativa pero creen en una estrategia a más largo plazo.
«Nuestras luchas no son de una hora o dos horas. Nos parece importante como movilizaciones simbólicas, pero para acciones más sostenidas tenemos que avanzar en la primera reunión de Consejo Ampliado», adelantó.
El dirigente indígena también mostró su preocupación por las declaraciones del presidente y consideró que este «no está en capacidad de gobernar el país» y tiene «una necesidad excesiva de mantenerse en la palestra política a través de las mentiras».
La situación económica de Ecuador comenzó a decaer hace ya años con la bajada de los precios del petróleo y un excesivo gasto público, que los últimos presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y, ahora, Lasso, tratan de revertir.
En 2018, Ecuador acudió a los organismos multilaterales en busca de ayuda financiera, y ha recibido más de 10.000 millones desde entonces para salir del atolladero financiero, a cambio de polémicos recortes y reformas fiscales.
A decir de Iza, las «medidas neoliberales» del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI) le han costado al mandatario una caída de popularidad y podrían provocar la «caída del Gobierno».
Moreno afrontó una violenta ola de protestas callejeras en octubre de 2019, y Lasso en octubre de 2021 de forma mucho más contenida pero, también, con el cierre de vías interurbanas.
Villavicencio no descarta que las protestas vayan en aumento si el Gobierno no responde a sus demandas.
Igualmente, en un comunicado, la Unión Nacional de Educadores (UNE) protestó hoy el anuncio del Ministerio de Salud por el que se requiere un volante médico para acceder a las pruebas PCR en la red de salud pública, y lo calificó de «abandono estatal a los más pobres».
En su documento, demandan que las pruebas sean gratuitas, que se postergue el retorno a clases por 15 días y que se garantice la estabilidad laboral del personal de salud y del magisterio. EFE
