Fundación internacional «preocupada» por la independencia judicial en Ecuador

Quito, 3 may (EFE).- La Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), que vela por la independencia de la Justicia en Latinoamérica, manifestó este martes su preocupación ante los requerimientos realizados a la Corte Constitucional de Ecuador por la Corte Suprema y la Judicatura tras una reunión con el presidente, Guillermo Lasso.

Los hechos se remontan al 24 de abril, cuando Lasso convocó a los presidentes de la Corte Nacional (Suprema) de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional de la Judicatura para tratar a puerta cerrada soluciones frente a una serie de polémicos habeas corpus otorgados por jueces a personas sentenciadas o acusadas por delitos graves como narcotráfico o corrupción.

Gracias a esas decisiones judiciales quedó en libertad Jorge Glas, exvicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa que tiene vigente una condena de ocho años de cárcel por sobornos, así como un cabecilla de una banda criminal y un presunto narcotraficante cuya extradición había sido solicitada por los Países Bajos.

Luego de la reunión entre Lasso y los máximos responsables del Poder Judicial y de la Judicatura, estos mandaron un oficio a la Corte Constitucional para requerirle que aclare los alcances del proceso del habeas corpus.

Asimismo, le solicitaron que modifique un precedente judicial que impide iniciar procesos por prevaricato frente a decisiones judiciales sobre garantías jurisdiccionales, según detalló en un comunicado la Fundación Para el Debido Proceso, con sede en Washington.

También reclamaron a la Corte Constitucional que se le restituya al Consejo Nacional de la Judicatura la facultad para actuar de oficio en casos de negligencia manifiesta de un juez.

«CLARA INJERENCIA»

La respuesta de la Corte Constitucional fue advertir «una clara injerencia» en sus funciones y rechazar de raíz las cuestiones solicitadas.

En un comunicado emitido el pasado martes, el máximo tribunal de garantías de Ecuador indicó que no puede atender «consultas informales de otros órganos del Estado» y que para que la Corte Constitucional desarrolle su jurisprudencia «no basta un oficio» como el enviado.

«Desde DPLF vemos con preocupación la convocatoria por parte del Ejecutivo a las instituciones de justicia con relación a asuntos de seguridad interna», expresó este martes la Fundación Para el Debido Proceso en su comunicado.

«Convocarlas para dialogar acerca de decisiones judiciales emitidas por jueces de instancias inferiores puede alentar injerencias indebidas en su independencia interna, incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos», añadió.

ANTESALA DE MÁS ATAQUES

La DPLF también advirtió que «los pedidos dirigidos a la Corte Constitucional no solo desconocen el ámbito de sus competencias constitucionales, sino que buscan involucrarla indebidamente como parte activa en la resolución de problemas de seguridad, lo que corresponde a otros poderes del Estado».

«Responsabilizar a las altas cortes por el éxito o fracaso de políticas de seguridad o de otro tipo ha sido, en otros países de la región, la antesala a ataques más graves que han afectado la institucionalidad de la justicia y de la democracia», agregó.

Antes de este comunicado, Lasso negó haberse extralimitado en sus funciones al argumentar que «la independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes» y enfatizar que no pretendía «dar instrucciones» a las autoridades del Poder Judicial. EFE