San José, 3 feb (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este viernes una audiencia pública contra el Estado de Ecuador en la que la familia de Fredy Marcelo Núñez Naranjo pidió justicia ante su desaparición forzada ocurrida en julio de 2001, que habría sido cometida por particulares que actuaron bajo por supuesta aquiescencia estatal.
«Le pido a esta Corte que ojalá hagan algo para recuperar a mi hijo, ya son 20 años que no se le ve. Desapareció, mi hijo no está y todos en la familia vivimos con que queremos saber qué pasó y en dónde está», dijo en sus declaraciones en la audiencia el padre de la supuesta víctima, Sixto Rodrigo Núñez Naranjo.
Los hechos indican que Núñez se encontraba en un bar propiedad de su madre, cuando varios sujetos en estado de embriaguez ingresaron al lugar y ocasionaron daños. A raíz de esto, la policía se apersonó al lugar y condujo a Núñez y a otras personas involucradas al Destacamento de Policía del Cantón Quero.
El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erick Acuña, explicó en su intervención que Núñez Naranjo fue «extraído de la cárcel por miembros de las Juntas del Campesinado del Cantón Quero» y conducido, primero a la comunidad Puñachisag, y luego a la comunidad Shausi, donde fue sometido a malos tratos y desde entonces se «desconoce su paradero».
La demanda indica que las Juntas del Campesinado constituían un sistema de justicia informal que durante esa época actuaba con pleno conocimiento del Estado de Ecuador, bajo su aquiescencia y tolerancia, e incluso asumían funciones de autoridades públicas.
Sobre esta tema, la perita presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Clara Galvis Patiño, explicó las obligaciones de los Estados en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones forzadas, particularmente cuando se trata de presuntas desapariciones cometidas por agentes no estatales que actúan bajo aquiescencia estatal.
«En este caso podrían identificarse elementos de contexto, en donde el Estado conocía de la existencia de particulares en Defensa del Campesinado y que estos particulares cometían hechos violentos como torturas e inclusive las desapariciones. Ellos (agentes estatales) estaban presentes en el momento en que la persona fue secuestrada y se da una inacción inmediata de los policías», manifestó Galvis.
Además, según señala la demanda, existen distintas denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los miembros de dichas Juntas del Campesinado, ante lo cual el Estado de Ecuador rara vez respondía eficazmente.
La representante del Estado ecuatoriano, María Fernanda Álvarez, en sus alegatos finales expresó que «los hechos del caso no configura la desaparición forzada», y que las denominadas Juntas del Campesinado «no se pueden asimilar de ninguna manera como escuadrones de la muerte ni a grupos de paramilitares».
«El caso es una alegada desaparición forzada ejecutada por particulares, en efecto no existe controversia de quienes ejecutaron los actos que hoy nos ocupan no fueron agentes estatales, sino particulares. Lo que la Comisión intenta es que estos hechos sean atribuidos al Estado ecuatoriano y así se genere su responsabilidad internacional», afirmó Álvarez, quien rechazó la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada.
Tras la audiencia de hoy las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido. EFE
