Quito, 10 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, anticipó este viernes que no cesará en su cruzada contra los «malos jueces» que, a criterio suyo y del Gobierno, contribuyen a la crisis de inseguridad que vive el país al dictar decisiones que favorecen la libertad de delincuentes vinculados al crimen organizado.
Esta semana el Gobierno ha difundido públicamente una lista de nombres de magistrados que, a consideración del jefe de Estado y del Ejecutivo, han tomado decisiones contrarias al combate contra la delincuencia y el crimen organizado que realiza la Policía, y procedió a denunciarlos ante la Fiscalía.
Durante su intervención este viernes en una ceremonia militar para conmemorar el combate aéreo ganado hace 28 años a Perú en la Guerra del Cenepa, Lasso afirmó que «cada juez que libera a delincuentes, atenta contra la seguridad de todos».
«Seguiremos investigando y exponiendo estos casos ante la opinión pública. No podemos permitir que tantos esfuerzos se pierdan por malas y sospechosas decisiones judiciales», dijo Lasso en su discurso.
«Todas las funciones (del Estado) tienen que sumarse en esta cruzada en contra de quienes defienden a narcotraficantes, terroristas y otros actores del crimen organizado», añadió.
El mandatario aseveró que su deber es cuidar el Estado de Derecho y defender la democracia, «porque estas amenazas también han logrado e infiltrarse en las instituciones del Estado e inclusive en la clase política».
Entre los jueces denunciados por el Gobierno están Ángel Lindao, que ya ha sido separado del sistema judicial, Juan Carlos Terán, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo.
La Fiscalía informó el miércoles que, a partir del inicio de la actual administración, se han enviado 43 acciones disciplinarias al Consejo de la Judicatura «por presuntas irregularidades cometidas por operadores de justicia».
Entre ellos figuran «20 jueces (5 de los cuales fueron mencionados ayer por el Presidente de la República), 9 fiscales, once peritos y 3 servidores administrativos. Sólo en 2022 se interpusieron 14 acciones», detalló en un comunicado.
Además, durante 2022 se abrieron 43 investigaciones previas sobre la posible existencia de delitos de corrupción cometidos por servidores judiciales. EFE
