San José, 20 mar (EFE).- El exmilitar Julio Rogelio Viteri Ungaretti pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado de Ecuador por las represalias de las que asegura fue víctima por denunciar hechos de corrupción de altos mandos del Ejército en el año 2001.
«Lo único que queremos como familia es recuperar nuestro honor y dignidad, seguir haciendo nuestra vida en nuestro suelo, trabajando con nuestras comunidades. Quiero y debo ser reconocido y regresar a la institución porque trabajé muy duro para alcanzar los niveles que alcancé», expresó Viteri en una audiencia ante la CorteIDH.
Viteri se desempeñaba como agregado naval en la embajada de Ecuador en Reino Unido cuando en noviembre de 2001 denunció ante el embajador hechos de corrupción de altos mandos del Ejército, relacionados a un contrato de seguros de aeronaves, así como irregularidades en el leasing de la sede donde trabajaba.
La demanda contra el Estado indica que después de interponer la denuncia, Viteri fue sometido a arrestos, fue relevado de su cargo y además él y su familia comenzaron a recibir amenazas, presiones y hostigamiento, lo que les obligó a solicitar asilo en el Reino Unido.
El hombre indicó que esta situación acabó con su carrera militar, pues fue eliminado de la lista para ascenso, y que también tuvo consecuencias en su proyecto de vida junto a su familia.
El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), Pedro Vaca, expuso en la audiencia que este caso permitirá a la CorteIDH «desarrollar estándares de protección a denunciantes» de casos de corrupción.
Vaca afirmó que en este caso hubo «represalias institucionales severas dirigidas contra un integrante de las fuerzas armadas y su familia como consecuencia de una denuncia que realizó por hechos de corrupción».
El representante de la CIDH aseguró que en agosto de 2002 el Tribunal Constitucional de Ecuador concluyó que las sanciones administrativas fueron aplicadas sin garantías procesales, pero que no señaló otro tipo de violaciones.
Para la CIDH, ente que interpone las denuncias ante la CorteIDH, el Estado ecuatoriano debe ser declarado responsable por violaciones a la libertad personal, la libertad de expresión, la protección judicial, la integridad personal, la libre circulación y residencia.
La representante del Estado ecuatoriano, María Fernanda Álvarez, afirmó que a Viteri no se le vulneró su derecho a la libertad de expresión pues pudo exponer los hechos de corrupción ante diversas instituciones judiciales y políticas como el Congreso, y que hubo sanciones contra los altos mandos denunciados por el exmilitar.
Sobre los arrestos que enfrentó Viteri, la agente estatal aseguró que «el tribunal constitucional emitió sentencia en la que declaró la violación de derechos y dispuso que se eliminen los arrestos de la hoja de vida».
La representación estatal argumentó que Viteri no interpuso denuncias sobre las amenazas que recibió, que las oportunidades de ascenso en la carrera militar fueron restablecidas y que el cese de funciones en la embajada de Ecuador en Reino Unido «no fue una sanción».
Tras la audiencia de este lunes, las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte Interamericana podrá emitir un fallo en los siguientes meses. EFE
