Tras conocerse la decisión de Lasso, el Departamento de Estado de Estados Unidos se apresuró a refirmar que las relaciones entre ambos países no han sido afectadas por lo ocurrido.
“Nuestra relación bilateral con el gobierno de Ecuador y el pueblo ecuatoriano sigue siendo fuerte”, dijo Vedant Patel, portavoz adjunto de Estado, durante una conferencia de prensa. El gobierno estadounidense aseguró “respetar la voluntad de los ciudadanos y el gobierno”.
Por su parte, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, dijo el miércoles que espera que los ecuatorianos puedan resolver la situación interna que atraviesa el país con la convocatoria de elecciones anticipadas.
«No creo yo que haya inestabilidad y, además, no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones que participen todas las fuerzas políticas. Y no creo que haya violencia política», afirmó López Obrador a periodistas.
«En el caso, vamos a estar pendientes, de que se den enfrentamientos, nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador», agregó.
El expresidente Rafael Correa, que vive fuera del país, criticó la situación actual en su cuenta de Twitter: «Los grandes «demócratas» quitan la seguridad del presidente y autoridades de Asamblea Nacional. Se les caen todas las máscaras».
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, dijo en Twitter que la decisión de Lasso constituía una «dictadura» y agregó que celebraría un «consejo ampliado extraordinario» para analizar la situación.
Los elegidos para el poder en las elecciones anticipadas solo servirían hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025.
Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa, él mismo condenado por corrupción, encabezaron la acusación de juicio político y prometieron sus 47 votos a favor de la destitución.
El proceso de juicio político fue el primero contra un presidente ecuatoriano en décadas.
