El informe recomienda no seguir con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso, acusado por supuesto peculado, el cual no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador no logró este sábado (06.05.2023) aprobar su informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso, que recomendaba no seguir con el proceso abierto por la oposición, que lo acusa de presunto peculado (malversación).
Cinco de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización rechazaron el informe presentado por el presidente de esa instancia, el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, afín al oficialismo, quien clausuró de manera abrupta la sesión, en la que otros legisladores pedían incluir en el texto argumentos que apoyaban la tesis del juicio de censura al mandatario.
Con ese resultado, será el pleno de la Asamblea Nacional el que debe conocer lo actuado en la Comisión de Fiscalización y, finalmente, definir sobre la continuidad o no del juicio político.
Sin carácter vinculante, el informe de la Comisión, presentado por Villavicencio y elaborado por asesores de ese mismo organismo, recomendó que la Asamblea no siguiera con el juicio político al considerar que no existían pruebas del presunto peculado (malversación) que la oposición le imputa a Lasso.
El informe recogía las conclusiones de diez días de comparecencias de la acusación y de la defensa, en la que se presentaron pruebas y testigos.
El texto pasa al presidente de la Asamblea Nacional
Los opositores acusan a Lasso de supuestamente haber tenido conocimiento de un contrato lesivo para el Estado sobre transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y de no haber impedido las irregularidades.
Sin embargo, la defensa del presidente argumenta que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones de la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para mejorar las condiciones para el Estado.
Según la normativa, el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización, pese a no haber sido aprobado, debe pasar al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien a su vez debe distribuir el documento, que no es vinculante, entre los 137 legisladores, para que lo analicen en una próxima sesión del pleno.
En esa instancia, la Asamblea, dominada por la oposición, debe resolver si sigue o no con el juicio político contra Guillermo Lasso y si es del caso convocar a la interpelación al mandatario, cuya salida del poder requiere de un mínimo de 92 votos, las dos terceras partes de la Cámara.
mg (efe, El Comercio)
