González y Noboa se midieron en un cara a cara con la inseguridad como tema principal

Faltan dos semanas para el balotaje del próximo 15 de octubre en el que 13 millones de ecuatorianos están llamados a elegir entre los dos candidatos presidenciales: la candidata correísta de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), Luisa González, y el empresario Daniel Noboa, del partido Revolución Ciudadana, que sigue liderando las encuestas con 11 puntos arriba, según la empresa de demoscopia ‘Comunicaliza’.

Los candidatos debatieron sobre Economía, Sociedad, Política, pero sobre todo sobre Seguridad, uno de los principales problemas que enfrenta el país donde los homicidios se han cuadriplicado entre 2018 y 2022, con un récord de 26 por cada 100.000 habitantes. Según los expertos, la tasa será de hasta 40 este año.

Noboa, favorito para la segunda vuelta, expuso su plan ‘Fénix’ para garantizar la seguridad, se trata de un plan basado en la vigilancia ciudadana junto al gobierno de Israel, el establecimiento de una Centra de Inteligencia y la creación de cárceles en barcos para aislar a personas detenidas.

Por su parte, González prometió 500 millones de dólares parar la Policía y el control de las prisiones, así como en aeropuertos y puertos usados por las bandas criminales.

«Lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en el país», dijo la correísta en referencia al Ejecutivo de Guillermo Lasso. 

La campaña ha estado dominada por la violencia política y la crisis en las cárceles. Apenas dos días antes de la primera vuelta del 20 de agosto, fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio.

Los dos candidatos que se medirán el 15 de octubre en las urnas llegaron a las instalaciones de EcuadorTv para el debate con chaleco antibalas.

Quien gane, ocupará la presidencia en el Palacio de Carondelet en sustitución del presidente Guillermo Lasso hasta el 24 de mayo de 2025, fecha en la que se celebrarán las próximas elecciones. 

Estos comicios fueron convocados después de que Lasso decretara la conocida como «muerte cruzada», cuando disolvió la Asamblea Nacional, liderada por la oposición que planteaba en mayo abrir un proceso de juicio político contra el presidente saliente por presunta malversación. (con AFP)