El proyecto de reformas al COIP propone aumentar a veinte años la prohibición de retorno a Ecuador para personas extranjeras con sentencias de prisión superiores a cinco años. La Asamblea Nacional debatirá y votará sobre esta disposición el próximo jueves, 15 de febrero, con el propósito principal de establecer penas más rigurosas para delitos como sicariato, secuestro, extorsión, entre otros. Esta medida busca aliviar el hacinamiento en las cárceles del país.
El sistema penitenciario en Ecuador enfrenta un grave problema de hacinamiento, con una capacidad insuficiente para albergar a la creciente población carcelaria. Ante esta situación, el proyecto de reformas al COIP busca implementar medidas que permitan descongestionar las cárceles y garantizar la seguridad de la sociedad.
Una de las propuestas más controvertidas es la ampliación del periodo de prohibición de retorno a Ecuador para personas extranjeras con sentencias de prisión superiores a cinco años. Actualmente, esta prohibición es de diez años, pero el proyecto de reformas busca extenderla a veinte años. Esto significa que aquellos extranjeros que sean condenados por delitos graves y cumplan su pena en Ecuador, no podrán regresar al país durante dos décadas.
La ampliación de la prohibición de retorno busca enviar un mensaje claro a los delincuentes extranjeros, mostrando la firmeza del Estado ecuatoriano en la lucha contra el crimen. Además, se pretende evitar la reincidencia de estos individuos, evitando así que regresen al país y vuelvan a cometer delitos.
Esta disposición también busca proteger a la sociedad ecuatoriana, garantizando que aquellos con antecedentes penales graves no vuelvan a poner en peligro la seguridad de sus ciudadanos. Al establecer una pena tan rigurosa, se espera disuadir a los delincuentes extranjeros de cometer delitos en Ecuador, ya que sabrán que, en caso de ser capturados y condenados, no podrán regresar al país durante un largo periodo de tiempo.
Sin embargo, esta medida ha generado cierta controversia. Algunos argumentan que la prohibición de retorno es una violación de los derechos humanos, ya que impide que las personas tengan la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y enmendar sus errores. Además, se argumenta que esta medida podría tener un impacto negativo en las relaciones diplomáticas de Ecuador con otros países.
A pesar de estas críticas, el proyecto de reformas al COIP ha encontrado apoyo entre la población ecuatoriana, que ve en estas medidas una manera de combatir de manera más efectiva el crimen organizado y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La ampliación de la prohibición de retorno es solo una de las disposiciones que se discutirán y votarán en la Asamblea Nacional, pero sin duda es una de las más relevantes.
La decisión final sobre esta medida se tomará el próximo jueves, 15 de febrero, cuando los legisladores debatan y voten sobre el proyecto de reformas al COIP. Sea cual sea el resultado, es evidente que Ecuador busca implementar medidas más rigurosas para combatir el crimen y aliviar el hacinamiento en las cárceles del país. La sociedad ecuatoriana espera que estas reformas contribuyan a mejorar la seguridad y la justicia en el país.
