En un comunicado emitido este viernes, la Corte Judicial se pronunció a favor del decreto presidencial que autoriza operativos militares y policiales contra 22 bandas delincuenciales catalogadas como terroristas, dos meses después de que las medidas fueran anunciadas por el mandatario.
Este viernes, casi dos meses después de que el mandatario emitiera las medidas, el organismo judicial divulgó el dictamen favorable al decreto que permite los operativos militares y policiales contra 22 bandas delincuenciales, catalogadas como terroristas. Si bien la mayoría de los magistrados respaldaron las medidas, un sector de ellos expresó reservas al considerar que el presidente Noboa no proporcionó suficiente información para justificar la existencia de un conflicto armado interno.
Aunque apoyaron las normativas, una parte de los magistrados consideraron que el presidente Noboa no entregó información suficiente para justificar el conflicto armado interno. Según lo expresado por la Corte, la determinación de si existe o no un conflicto armado interno es un asunto de hecho que no queda sujeto a la declaración de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su revisión por parte de la Corte.
La existencia o no de esa situación es una cuestión de hecho, que no depende de la declaratoria de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de este organismo, indica el comunicado de la Corte. Este dictamen resalta la importancia de la claridad y transparencia en la comunicación de los fundamentos que respaldan decisiones de esta naturaleza, así como el papel crucial de la Corte Judicial en garantizar el respeto a los derechos y procedimientos legales en situaciones de esta índole.
El fallo de la Corte representa un paso significativo en el análisis y la aplicación de las medidas contra el crimen organizado, estableciendo un marco para futuras acciones y decisiones en el ámbito de la seguridad nacional. Este acontecimiento subraya la relevancia de la separación de poderes y el rol fundamental de las instituciones judiciales en velar por la legalidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, en un contexto donde el equilibrio entre seguridad y derechos individuales es crucial.
