La Corte Constitucional de Ecuador ha decidido anular el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, denominado como la «segunda fase de la guerra» contra las bandas del crimen organizado. El máximo tribunal de garantías argumentó que «los hechos mencionados en el decreto no constituyen específicamente la causal de conflicto armado interno».
Esta determinación de la Corte Constitucional marca un punto de inflexión en la estrategia gubernamental para abordar la situación de seguridad en el país, desafiando la narrativa de confrontación directa con las organizaciones delictivas.
La anulación del estado de excepción plantea interrogantes sobre las futuras medidas que se tomarán para hacer frente a la criminalidad. La decisión del tribunal constitucional resalta la importancia del respeto a los derechos fundamentales y las normas legales en la lucha contra la delincuencia, subrayando la necesidad de un enfoque equilibrado que garantice la seguridad de la ciudadanía sin comprometer las libertades individuales.
La sociedad ecuatoriana se encuentra ahora en un momento crucial, donde se espera un debate constructivo sobre las políticas de seguridad y la protección de los derechos humanos. La anulación del estado de excepción representa un llamado a la reflexión sobre las estrategias gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado, destacando la importancia del respeto al Estado de Derecho y los principios constitucionales en la búsqueda de una sociedad más justa y segura para todos los ecuatorianos.
