El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha acogido una denuncia presentada por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en la cual se establece una sanción contra Priscila Schettini por un monto de 22.500 dólares y una suspensión de tres años de sus derechos políticos.
Asimismo, se ha impuesto una multa de 13.500 dólares a Angélica Porras, acompañada de una suspensión de sus derechos políticos por un período de dos años.
Es importante destacar que esta resolución es de primera instancia y, en consecuencia, puede ser objeto de apelación por parte de las partes involucradas en el proceso.
La decisión del TCE responde a la grave acusación de violencia política interpuesta por la Fiscal General Diana Salazar, evidenciando un acto en el que se busca sancionar y prevenir este tipo de conductas que atentan contra la integridad y el ejercicio adecuado de las funciones de las autoridades.
Este fallo judicial pone de manifiesto la importancia de velar por el respeto a los derechos políticos y la salvaguarda de un ambiente democrático en el país, reafirmando la necesidad de garantizar un ejercicio público basado en el respeto, la ética y la legalidad.
