El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo Decreto Ejecutivo, el número 318, en la tarde del martes 2 de julio del 2024, declarando un estado de excepción focalizado en seis provincias y un cantón de Ecuador debido a una grave conmoción interna y conflicto armado en la región.
Las provincias afectadas por esta medida son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. El estado de excepción tendrá una duración de 60 días, durante los cuales se tomarán medidas especiales para garantizar el orden y la seguridad en estas zonas.
El decreto presidencial establece que esta decisión se toma con el objetivo de restablecer la paz y la estabilidad en las áreas afectadas por la conmoción interna y el conflicto armado, así como para proteger la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos que residen en dichas provincias y cantones. El estado de excepción otorga al Gobierno la facultad de adoptar medidas extraordinarias, como el control de la movilidad, la suspensión de derechos civiles en ciertas circunstancias y el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales para mantener el orden y la seguridad.
El presidente Noboa ha instado a la población a mantener la calma y cooperar con las autoridades durante este período delicado, con el fin de lograr una pronta normalización de la situación en las zonas afectadas. Asimismo, ha asegurado que se realizarán esfuerzos continuos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de la ciudadanía en el marco de la ley.
El Gobierno se ha comprometido a informar de manera transparente sobre las acciones tomadas durante el estado de excepción y a trabajar en conjunto con la sociedad civil y las organizaciones internacionales para abordar las causas subyacentes de la conmoción interna y el conflicto armado en estas regiones, con miras a lograr una solución pacífica y duradera.
El decreto de estado de excepción en estas seis provincias y un cantón refleja la determinación del Gobierno ecuatoriano de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, así como de garantizar la paz y el orden público en todo el territorio nacional.
