Pedido de pena máxima en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

La reinstalación de la audiencia de juicio contra los acusados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio ha generado un intenso debate en el sistema judicial.

La fiscal del caso solicitó la pena máxima de 30 años de cárcel para Edwin Angulo, alias «Invisible», y Laura Castillo, acusados en calidad de autor mediato y coautora, respectivamente, del crimen. Según la Fiscalía, se sostiene que «Invisible» dio la orden de asesinato desde la cárcel de Cotopaxi, mientras que el acusado niega la existencia de pruebas contundentes en su contra, calificando todo el proceso como un «show mediático». Además, se pidió una condena de 25 años para los otros tres procesados en calidad de cómplices: Érick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elízabeth Ch.

Estos acusados enfrentan la posibilidad de ser sentenciados por su presunta participación en el crimen de Villavicencio. El caso ha generado gran interés en la opinión pública debido a la importancia del excandidato presidencial y a la gravedad de los cargos imputados a los acusados. La petición de la pena máxima por parte de la fiscal refleja la gravedad de los hechos y la búsqueda de justicia para la víctima y sus familiares.

El futuro de este proceso judicial se presenta incierto, con acusaciones y defensas que chocan en torno a la existencia de pruebas contundentes y a la validez de las argumentaciones presentadas. La sociedad ecuatoriana observa atentamente el desarrollo de este juicio, en busca de respuestas y de un veredicto que haga justicia en un caso que ha conmocionado al país.