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CAL reactiva Juicio Político contra la Fiscal General Diana Salazar

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador ha decidido reactivar el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esta decisión se tomó tras la unificación de los pedidos de juicio presentados por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladares, ambos miembros de la Revolución Ciudadana.

La Comisión de Fiscalización será notificada para reanudar el proceso y definir los procedimientos a seguir. Este juicio político es un mecanismo que permite al poder legislativo destituir a funcionarios públicos por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Contexto y Motivos

El juicio político contra Diana Salazar se basa en diversas acusaciones que han sido presentadas por los asambleístas. Entre los motivos alegados se encuentran presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones y posibles violaciones a los derechos humanos. La Comisión de Fiscalización tendrá la tarea de investigar estas acusaciones y determinar si existen fundamentos suficientes para proceder con la destitución de la fiscal general.

Procedimiento

El proceso de juicio político en Ecuador sigue un procedimiento establecido que incluye varias etapas. Primero, la Comisión de Fiscalización debe investigar las acusaciones y presentar un informe. Si se encuentra mérito para el juicio, el pleno de la Asamblea Nacional deberá votar para decidir si se procede con la destitución.

Implicaciones

La reactivación del juicio político contra Diana Salazar tiene importantes implicaciones para el sistema judicial y político de Ecuador. Este proceso no solo pone en el centro de atención el desempeño de la fiscal general, sino que también refleja las tensiones políticas y las dinámicas de poder dentro del país.