Juez concedió medidas cautelares para detenidos por venta y falsificación de licor adulterado

Guayaquil, 28 de septiembre de 2024 – La ciudad de Guayaquil se ha visto sacudida por un nuevo escándalo de fraude y salud pública. La Fiscalía General del Estado ha procesado a siete individuos por su presunta implicación en una red que se dedicaba a la venta y falsificación de licor adulterado, una práctica que no solo defrauda al consumidor sino que también pone en riesgo su salud.

El Juez de Garantías Penales que conoció el caso no acogió el pedido de Fiscalía –de dictar prisión preventiva– y, en su lugar, impuso medidas cautelares para los procesados Agustín S. V., Winifer S. V., Carlos V. S. y Jomaly M. F., quienes deberán presentarse periódicamente ante el Fiscal del caso y tienen prohibida la salida del país. Mientras que, a Hugo Z. R., Ciro C. G. y Roberto Alfredo C. les dispuso arresto domiciliario por ser adultos mayores.

La operación, que tuvo lugar en las primeras horas del 25 de septiembre, fue el resultado de una investigación previa iniciada en marzo de 2024 tras recibir denuncias de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR). Los allanamientos se efectuaron simultáneamente en varios puntos de Guayaquil y la ciudad vecina de Durán, donde se decomisó una cantidad significativa de material relacionado con la producción de licor falsificado. Entre los artículos incautados se encuentran botellas vacías, etiquetas de marcas reconocidas, timbres fiscales, y una considerable cantidad de litros de licor ya adulterado, listos para su distribución.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal a cargo presentó evidencia que incluía grabaciones de conversaciones, testimonios de agentes involucrados, e informes de vigilancia que sugieren la existencia de una organización dedicada a este ilícito negocio. Sin embargo, en una decisión que ha generado debate, el Juez de Garantías Penales optó por no imponer prisión preventiva a todos los implicados. En su lugar, algunos de los procesados, específicamente los mayores de edad, fueron sometidos a arresto domiciliario, mientras que otros deberán presentarse periódicamente ante la autoridad fiscal y tienen prohibida la salida del país.

Este caso ha puesto en evidencia no solo la existencia de redes dedicadas a la falsificación de licores en Ecuador sino también las brechas en el control de la producción y comercialización de alcohol. La adulteración de licor es un problema que afecta directamente la economía legítima, la salud pública, y la confianza del consumidor en productos etiquetados como seguros.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días, tiempo en el cual se espera desentrañar la profundidad de esta red, sus métodos de operación, y la magnitud de su alcance en el mercado local y posiblemente, internacional. Este suceso reafirma la necesidad de políticas más estrictas y vigilancia constante para proteger a los consumidores de productos que podrían ser potencialmente letales.

Mientras tanto, la comunidad de Guayaquil y el resto del país observan con atención el desarrollo de este caso, esperando que la justicia actúe con firmeza para desmantelar completamente estas operaciones ilícitas y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.