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Tribunal de Guayas Evaluará Apelación de Militares en Caso Las Malvinas

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El Tribunal de la Corte Provincial del Guayas ha anunciado que procederá a evaluar la apelación presentada por los 16 militares implicados en el caso de la presunta desaparición forzada de cuatro menores en el barrio Las Malvinas, Guayaquil. Estos militares, actualmente retenidos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, están intentando revocar la medida de prisión preventiva que fue impuesta por el juez Dennis Ugalde, quien consideró que existían suficientes indicios de culpabilidad para mantenerlos bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

La desaparición de los menores ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, generando un amplio debate sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad ciudadana. La apelación de los militares se centra en cuestionar la legalidad y la proporcionalidad de la prisión preventiva, alegando que se trata de una medida drástica que no respeta sus derechos fundamentales y que, en su opinión, no está justificada por la evidencia presentada hasta el momento.

El proceso judicial sigue su curso, y la instrucción fiscal, cuya finalización está prevista para marzo, podría llevar a la inclusión de más individuos relacionados con el caso o a una modificación de los cargos iniciales. Esta fase es crucial ya que permitirá a la fiscalía fortalecer o reformular su acusación basada en nuevas evidencias o testimonios que puedan surgir.

Los jueces del Tribunal tienen un plazo de cinco días para programar la audiencia de apelación, momento en el cual se debatirán los argumentos de la defensa y la fiscalía. Esta audiencia será un punto crítico en el proceso legal, donde se determinará si la prisión preventiva de los militares se mantiene, se modifica o se revoca, lo que tendrá implicaciones no solo en el curso de este caso sino en la percepción pública sobre la justicia y la responsabilidad de los miembros de las fuerzas armadas.

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El caso de los menores de Las Malvinas no solo pone a prueba el sistema judicial ecuatoriano en términos de celeridad y justicia, sino que también desafía a la institución militar a demostrar transparencia y responsabilidad ante la sociedad. La resolución de esta apelación podría influir en futuras investigaciones de desapariciones forzadas y en cómo se maneja la cadena de mando y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas.

La sociedad ecuatoriana espera con interés los resultados de esta audiencia, consciente de que el desenlace de este caso podría marcar un precedente importante en la lucha contra la impunidad y por la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

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