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Siete Detenidos con Armas de Uso Militar Quedan en Prisión Preventiva en Manta

Un juez de garantías penales de Manta dictó prisión preventiva por 30 días para siete personas detenidas la noche del 5 de marzo, tras un allanamiento en una vivienda del barrio Los Gavilanes, donde la Policía Nacional incautó armas de fuego de alto poder de uso exclusivo militar. La medida, emitida durante la audiencia de flagrancia celebrada este lunes, busca garantizar la continuidad de las investigaciones sobre la tenencia ilegal de armamento y su posible vínculo con crímenes en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó, que suma 97 asesinatos en lo que va del 2025.
Entre los aprehendidos destaca Miguel Antonio Montalván Medranda, un ecuatoriano buscado por su presunta participación en los asesinatos de Gaby Carolina Holguín Bailón y Paola Rocío Mendoza Hoyos, ocurridos el 16 de enero y el 9 de febrero de 2024, respectivamente. Holguín, una universitaria, fue baleada en el barrio Santa Martha, mientras que Mendoza perdió la vida cerca del hospital del Seguro Social de Manta. Montalván Medranda enfrenta cargos como coautor en el primer caso y autor en el segundo, según registros del Consejo de la Judicatura, que también lo vinculan a un tercer homicidio aún bajo investigación.
Otro detenido clave es Owen Smith Castaño Bocanegra, ciudadano colombiano con cinco boletas de captura por homicidios cometidos desde 2023 en el distrito, incluyendo casos de alto perfil que han elevado la percepción de inseguridad en la región. Completan la lista los colombianos Boris Cárdenas Olaya y Andrés Cachaya Yeimer, junto a los ecuatorianos Eduardo Enrique Mero Parra, Andrea Suriany Salazar Mendoza y Glenda Erika Vásquez Tubay, quienes fueron sorprendidos en posesión del armamento durante el operativo.
El allanamiento, ejecutado por la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Vida (DINASED) y el Bloque de Seguridad, permitió la incautación de fusiles, pistolas y municiones de uso militar, cuyo origen y posible relación con los 97 crímenes registrados este año en el distrito serán determinados mediante análisis balísticos. Las autoridades sospechan que el grupo podría estar vinculado a bandas locales que contratan sicarios extranjeros para operaciones de narcotráfico y extorsión, un modus operandi detectado desde 2022 en Manta.
La prisión preventiva de 30 días, establecida bajo el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), permitirá a la Fiscalía profundizar en las investigaciones mientras los detenidos permanecen en el Centro de Rehabilitación Social de Jaramijó. La Policía Nacional, por su parte, intensificará los patrullajes en Los Gavilanes y otros barrios críticos, ante el temor de la ciudadanía por una posible escalada de violencia tras este golpe al crimen organizado.