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Exalcaldes de Durán buscan evitar prisión en caso de peculado por contratos de agua potable
Los exalcaldes de Durán, Alexandra Arce y Dalton Narváez, buscan evitar la prisión preventiva mediante solicitudes de medidas sustitutivas, como arresto domiciliario o mantenerse en libertad, mientras enfrentan un proceso penal por un millonario caso de peculado relacionado con contratos de agua potable que habrían causado un perjuicio al Estado de USD 23,2 millones.
La Fiscalía General del Estado presentó el 15 de agosto un dictamen acusatorio contra 13 procesados, incluidos ambos exalcaldes, por presuntas irregularidades en los contratos para la conducción de agua desde El Chobo (Milagro) hasta Durán, en la provincia del Guayas.
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Según la Fiscalía, durante las administraciones municipales de Arce (2014-2019) y Narváez (2019-2023), se pagaron cerca de USD 39,9 millones por un proyecto que inicialmente estaba presupuestado en USD 21,5 millones, pero que nunca llegó a ser funcional. La empresa Eseico S.A. habría sido la principal beneficiaria, recibiendo alrededor de USD 31 millones por una obra de producción de agua que no se concretó, lo que causó un «irreparable perjuicio al Estado».
El Banco de Desarrollo del Ecuador exigió la devolución de USD 23,2 millones tras la terminación unilateral de los convenios de financiamiento y la conversión de fondos no reembolsables a reembolsables.
¿Qué alegan los vinculados al caso para evitar la prisión?
La defensa de Alexandra Arce solicitó medidas sustitutivas alegando que la exalcaldesa padece de miastenia gravis y una severa depresión, derivada del asesinato de su esposo en diciembre de 2024, caso que también ha marcado su proceso judicial. Arce ha enfrentado el proceso en libertad, pero la Fiscalía pide prisión preventiva.
Por su parte, Dalton Narváez, detenido preventivamente desde enero de 2025, pidió su traslado a otra prisión y el arresto domiciliario debido a problemas de salud cardíaca y renal y la «extrema peligrosidad» que enfrenta, pues comparte prisión con un miembro de la banda criminal responsable del secuestro de su madre. Sin embargo, el juez negó el traslado y no consideró sus enfermedades como catastróficas, aunque ordenó medidas para proteger su seguridad.
La Corte Provincial del Guayas decidirá en los próximos días si el caso pasa a juicio y si acepta las solicitudes de medidas cautelares presentadas por los acusados.
Mientras tanto, Durán continúa enfrentando un grave déficit en el suministro de agua potable, a pesar de la inversión millonaria realizada desde 2012.
