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Fiscalía pide vincular a 10 familiares de ‘Fito’ y tres empresas en caso de lavado de activos

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La Fiscalía General del Estado solicitó este viernes, 22 de agosto, una audiencia para vincular a diez familiares y tres empresas relacionadas con José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros, en el caso ‘Blanqueo Fito’ por presunto lavado de activos. El pedido, presentado a menos de dos semanas del cierre de la instrucción fiscal, busca formalizar cargos contra el entorno cercano del narcotraficante, extraditado a Estados Unidos en julio.

En un megaoperativo realizado en junio de 2025 en Manabí, Guayas y Pichincha, seis allegados a ‘Fito’ fueron detenidos, incluyendo a su pareja Verónica B., sus padres, su hermano Yandri Macías y otros familiares. La investigación reveló esquemas para blanquear más de 5 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsión, según la Fiscalía. Entre los investigados ahora se incluyen la esposa de ‘Fito’, Inda Mariela Peñarrieta, sus hijos mayores Jair y Michelle Macías, y otras personas de su círculo familiar.

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La Fiscalía apunta a tres empresas fachada –Transporte de Carga Pesada Jomavi, QueenWater S.A. y Ferro Mundo– que habrían facilitado operaciones financieras para ocultar fondos ilícitos. QueenWater, manejada por la esposa de ‘Fito’, fue proveedora del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y firmó contratos por 5.185 dólares con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) entre 2020 y 2021, según el portal de compras públicas.

La investigación, iniciada tras un reporte de la UAFE en marzo de 2024, estima que la red movió al menos 24 millones de dólares entre 2016 y 2024.‘Fito’, recluido en una cárcel de Nueva York tras su extradición el 20 de julio, enfrenta cargos en EE.UU. por narcotráfico y uso de armas, pero no podrá ser juzgado en Ecuador por este caso en el corto plazo. Su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024 desató una crisis de seguridad, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno. La Fiscalía busca desmantelar la estructura financiera de Los Choneros, mientras la sociedad civil exige transparencia en el proceso judicial.

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