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Operativo Frontera Norte 2 desmantela red de Comandos de la Frontera con USD 313 millones

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La operación “Frontera Norte 2” desarticuló una red criminal liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias “Gerente”, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, tras 68 allanamientos en nueve provincias de Ecuador, incluyendo Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. El operativo, ejecutado por el Bloque de Seguridad, incautó 103 bienes y detuvo a 12 personas, desmantelando una estructura que movilizaba USD 313 millones mediante lavado de activos y narcotráfico, según el Ministerio del Interior.

Álvarez Guerra, señalado por ordenar asesinatos de policías, militares y civiles, habría creado un esquema societario con su esposa, hijos y familiares para blanquear dinero ilícito a través de empresas fachada, haciendas, gasolineras y ferreterías. Entre los bienes confiscados destacan dos haciendas de 620 hectáreas en Santo Domingo y 470 hectáreas en Esmeraldas, además de dinero en efectivo y municiones. La Fiscalía identificó 26 personas naturales y jurídicas vinculadas, incluyendo las empresas Alvial-Corp S.A. y Ferroalvid, operando en Quito y Sucumbíos.

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El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la operación como “un golpe sin precedentes” a las economías criminales. En 2024, Ecuador registró 1,200 casos de delitos financieros, según el Ministerio del Interior, lo que resalta la magnitud de este operativo. Las detenciones incluyeron a siete sospechosos en Orellana, Pichincha y Sucumbíos, y cinco reclusos en cárceles de Tungurahua, Cotopaxi y Santo Domingo. Los Comandos de la Frontera, designados como grupo terrorista por EE.UU. en 2025, son vinculados a la violencia en zonas fronterizas.

Los detenidos enfrentarán cargos por lavado de activos y asociación ilícita, con los indicios bajo cadena de custodia en el Centro de Acopio de la Policía Judicial. Las autoridades continuarán investigando para desmantelar las redes de esta organización, mientras refuerzan la seguridad en provincias como Sucumbíos y Esmeraldas, afectadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

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