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Nueva fase de control en las cárceles de Ecuador: Fuerzas del orden toman el mando

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El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una transformación profunda con la implementación de un nuevo esquema de control liderado por el Ministerio del Interior.

En esta fase, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen el mando absoluto en varios centros carcelarios, encargándose de los filtros de ingreso, la vigilancia perimetral y la seguridad interna.

Actualmente, Ecuador cuenta con 35 cárceles que albergan a más de 36 mil personas privadas de libertad, lo que representa un hacinamiento del 37 %. La Policía Nacional ha sido asignada a los centros penitenciarios de Santo Domingo, Latacunga, Napo, Jipijapa, Quevedo, Cuenca, Machala y Loja. Por su parte, los militares custodian los reclusorios de Esmeraldas, El Rodeo y el complejo carcelario del Guayas, que incluye cinco prisiones, entre ellas la Penitenciaría del Litoral y La Roca.

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Este reforzamiento en la seguridad se da en medio de hechos preocupantes, como la reciente fuga de ocho jóvenes del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del sistema.

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En paralelo, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la cárcel de El Encuentro, un centro de máxima seguridad, entrará en funcionamiento a finales de noviembre. Esta prisión contará con muros de nueve metros de altura, reconocimiento de iris y monitoreo mediante inteligencia artificial. Se prevé que albergue a 800 reclusos considerados de alta peligrosidad, muchos de ellos cabecillas de bandas criminales que serán reubicados desde centros como La Roca.

El objetivo principal de esta estrategia es desarticular la estructura de poder que las organizaciones delictivas han consolidado dentro de los centros penitenciarios. “Será el bloque de seguridad, liderado por el Presidente de la República, quien tendrá la última palabra sobre los internos que cumplirán condena en El Encuentro”, afirmó Reimberg.

Con estas medidas, el gobierno busca recuperar el control de las cárceles y garantizar condiciones mínimas de seguridad, tanto para los internos como para el personal penitenciario. El país observa con expectativa si esta nueva fase logrará frenar la violencia y el crimen organizado que han marcado los últimos años dentro del sistema carcelario.

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